Suecia, el país que una vez fue símbolo de tranquilidad y progreso, se ve actualmente asediada por un problema que desafía las tradicionales percepciones de seguridad y orden: el creciente poder de las bandas criminales. El paisaje sueco ha cambiado; lo que antes eran incidentes aislados, se ha convertido en un desafío constante para las autoridades y la sociedad en su conjunto.
El gobierno conservador, que llegó al poder en 2022 portando la bandera de la lucha contra la violencia que perturba al país, enfrenta una ardua batalla. Aunque sus políticas han logrado una reducción en la frecuencia de los incidentes violentos, el fenómeno persiste, revelando una complejidad y arraigo mayores de lo previsto.
Gunnar Strömmer, ministro de Justicia sueco, en una franca entrevista con el Financial Times, admitió recientemente que, pese a los esfuerzos, erradicar el problema de las bandas delictivas –integradas mayoritariamente por inmigrantes– es un objetivo lejano. Según Strömmer, podría tomar al menos una década superar completamente esta crisis. Incluso si su gobierno se mantuviera en el poder hasta 2030, el problema de las bandas criminales, que ahora incluyen a menores de edad en sus filas, presenta desafíos complejos que requieren de profundas reformas estructurales y de un enfoque sostenido en el tiempo.
Aunque Suecia ha experimentado una leve disminución en los homicidios con armas de fuego, el involucramiento de menores en las actividades de las pandillas ha aumentado, aprovechándose de las leyes que imponen sentencias más leves a los menores de 18 años. Esta situación subraya la profundidad del problema y la dificultad de combatirlo solo desde el frente legal.
La violencia de las bandas no solo afecta la seguridad de la sociedad en general, sino que también plantea un desafío para los funcionarios del Estado. Las pandillas buscan infiltrarse en instituciones claves, como los tribunales y la policía, minando la capacidad del gobierno para responder eficazmente al crimen organizado. Además, se ha identificado que ciertas bandas explotan partes del sistema de bienestar, adquiriendo residencias privadas para jóvenes en situación de riesgo y utilizándolas como medios para financiar y expandir sus operaciones.
Este problema no solo afecta a Suecia; ha trascendido sus fronteras afectando a otros países nórdicos como Dinamarca y Noruega, donde la violencia perpetrada por ciudadanos suecos ha activado alarmas este verano, incluyendo tiroteos y ataques con granadas. Esto ha llevado a un reforzamiento de la cooperación entre estos países para contener la violencia.
La integración de inmigrantes emerge como un desafío paralelo en este contexto. A pesar de contar con políticas de integración migratoria reconocidas a nivel internacional, Suecia lucha por lograr una verdadera cohesión cultural. La segregación espacial y los requisitos laxos para aprender sueco dificultan la integración, dejando a muchos jóvenes inmigrantes sintiéndose excluidos y, en algunos casos, haciéndolos más susceptibles a ser reclutados por bandas criminales.
El gobierno actual, una coalición conservadora apoyada por los Demócratas de Suecia de extrema derecha, ha señalado un cambio de paradigma, enfocándose en reducir las llegadas irregulares y combatir la «sociedad en la sombra». Sin embargo, el ministro Strömmer advierte sobre el riesgo constante de nuevas espirales de violencia, a pesar de los efectos positivos de las medidas tomadas hasta ahora.
La situación en Suecia es un claro recordatorio de que el crimen y la violencia son problemas multifacéticos, que requieren enfoques comprensivos y sostenidos para su resolución. Aunque el camino hacia la superación de este desafío es largo y complejo, el compromiso con políticas efectivas y la cooperación internacional serán claves en la lucha por recuperar la seguridad y tranquilidad en Suecia y sus países vecinos.
