El Gobierno ha presentado el nuevo acuerdo para la mejora de las condiciones del empleo público como un hito social y político. Pedro Sánchez lo resumía con una frase redonda: “Con este acuerdo ganan los servidores públicos y gana la ciudadanía”. Sobre la mesa, un incremento salarial del 11 % hasta 2028, más medidas de estabilidad profesional, carrera y formación.
El pacto, firmado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y los principales sindicatos, se vende como un paso hacia “un modelo de empleo público más contemporáneo”, capaz de responder a los desafíos del siglo XXI y a los cambios tecnológicos. Pero en paralelo, deja sin abordar un debate de fondo que se repite en cada crisis y nunca termina de abrirse: qué tamaño y qué forma debe tener el sector público en una economía que se digitaliza a gran velocidad.
Porque mientras el Gobierno subraya que se refuerzan servicios públicos y se dignifican salarios, cada vez son más las voces que recuerdan que también existe una multitud de tareas pendientes: reducir burocracia, eliminar duplicidades entre administraciones, simplificar organismos, adaptar la plantilla al nuevo contexto tecnológico y revisar el peso creciente de los conglomerados públicos.
Un acuerdo que mejora nóminas y refuerza el relato del bienestar
El mensaje oficial es claro. El presidente del Gobierno destaca tres objetivos: mejorar los servicios públicos, mejorar las condiciones laborales de los empleados y modernizar la Administración con ayuda de las nuevas tecnologías. El incremento del 11 % hasta 2028, según Moncloa, da “garantías, estabilidad y predictibilidad” al trabajo de los funcionarios y refuerza la idea de que cuidar al empleo público es cuidar el Estado del bienestar.
Sánchez ha insistido en la profesionalidad de quienes trabajan en centros de salud, aulas, cuerpos de seguridad, juzgados o servicios sociales. Su discurso apela a la memoria reciente: la respuesta durante la pandemia, la gestión de emergencias climáticas, la atención en catástrofes como las vividas este verano. El mensaje al ciudadano es directo: si se deterioran las condiciones de quienes sostienen estos servicios, se debilitan los derechos y las garantías de todos.
Óscar López, por su parte, subraya que más de tres millones de empleados públicos ven reconocida su labor y sitúa el acuerdo como una “hoja de ruta pionera y ambiciosa” para los próximos cuatro años, que combina empleo, modernización y refuerzo de los servicios.
Desde esa perspectiva, la foto es impecable: Gobierno y sindicatos firmando, apelación al diálogo social, estabilidad hasta 2028 y un relato de protección del modelo social europeo.
Lo que no se menciona: estructuras sobredimensionadas y reformas aplazadas
Sin embargo, la misma escena admite otra lectura. El acuerdo habla de salarizar el reconocimiento, pero apenas entra en el terreno incómodo de la organización interna del sector público.
En España conviven Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, consells, mancomunidades y más de 8.000 ayuntamientos, además de empresas públicas, consorcios, fundaciones y entes instrumentales de toda índole. El ciudadano medio suele perderse en ese laberinto institucional y, a veces, en él se duplican trámites y competencias.
Cuando se habla de modernizar la Administración, la conversación se centra casi siempre en digitalizar procedimientos, crear nuevas plataformas, implantar certificados electrónicos y lanzar aplicaciones. Pero rara vez se acompaña de un proceso de adelgazamiento real: cierre de organismos obsoletos, fusión de estructuras duplicadas, simplificación radical de trámites o revisión de capas intermedias que añaden más gestión que valor.
En el sector privado, los cambios tecnológicos se traducen desde hace años en reorganizaciones profundas. Las empresas automatizan procesos, externalizan funciones que no son estratégicas, revisan áreas enteras y, cuando es necesario, reducen plantilla para adaptarse a un nuevo contexto. En el ámbito público, en cambio, el impulso dominante tiende a ser acumulativo: se incorporan herramientas digitales sobre estructuras pensadas para el papel, se crean nuevas unidades para gestionar nuevos programas, pero se toca poco lo que ya existía.
El resultado es un Estado que crece en responsabilidades, crece en personal y crece en complejidad, mientras la conversación política se concentra casi exclusivamente en cuánto suben o bajan los salarios.
Tecnología como excusa, no como palanca de transformación
El discurso oficial menciona la “valentía” de afrontar la modernización de la Administración con ayuda de las nuevas tecnologías. Sin embargo, el detalle del acuerdo pone más foco en la formación y la carrera profesional que en cambios estructurales derivados de esa revolución digital.
La inteligencia artificial, la automatización de expedientes, la robotización de tareas repetitivas o la analítica avanzada podrían permitir liberar a muchos empleados públicos de labores rutinarias para dedicarlos a tareas de mayor valor: atención personalizada, inspección, planificación, mediación social. También podrían justificar, a medio plazo, una reducción ordenada de estructuras sobredimensionadas, evitando que el gasto se dispare sin necesidad.
Pero esa segunda parte casi nunca aparece en el debate. La tecnología se presenta como herramienta para “hacerlo todo mejor”, no para tomar decisiones difíciles sobre qué dejar de hacer, qué simplificar o qué integrar. Se promete más eficiencia, pero no se explica si eso permitirá contener el crecimiento del aparato público o si, por el contrario, se sumará como otra capa de coste.
Un esfuerzo que el ciudadano no siempre percibe
Otra cuestión que planea sobre este debate es la distancia entre el relato institucional y la experiencia real del ciudadano. Mientras se habla de modernización, muchas personas siguen enfrentándose a retrasos en citas médicas, colas en oficinas, expedientes atascados, plataformas telemáticas que fallan o trámites que exigen entregar varios papeles que ya obran en poder de otra administración.
El acuerdo salarial puede ser justo desde el punto de vista de quienes han visto erosionado su poder adquisitivo en los últimos años. Pero si no se acompaña de mejoras visibles en la agilidad de los servicios, en la claridad de los procedimientos y en la reducción de burocracia, correrá el riesgo de alimentar una sensación de distancia entre lo que se promete en los discursos y lo que ocurre al otro lado de la ventanilla, física o virtual.
La cuestión no es solo cuánto se paga, sino qué resultado se obtiene. El ciudadano, que financia ese 11 % adicional con sus impuestos presentes o futuros, difícilmente encontrará consuelo en las cifras si sigue percibiendo que “todo va igual de lento” o que “nadie se hace responsable” cuando un expediente se eterniza.
Un debate pendiente: menos fotos y más cirugía administrativa
El acuerdo entre Gobierno y sindicatos era previsible y políticamente rentable. Nadie discute la importancia de tener profesionales bien formados, con salarios dignos y condiciones estables. Tampoco se puede ignorar el papel decisivo que el sector público ha tenido en los últimos años en términos de protección sanitaria, social y económica.
Pero la modernización de la Administración no puede limitarse a subir salarios, actualizar cursos de formación y hablar de digitalización en términos genéricos. El país sigue necesitando una auténtica cirugía administrativa: simplificar, fusionar, eliminar duplicidades, rediseñar procesos y, en algunos casos, asumir que los conglomerados públicos deben reducir su tamaño al mismo ritmo que la tecnología permite hacer las cosas de forma más eficiente.
Si las empresas llevan años adaptándose a los cambios tecnológicos con reestructuraciones profundas, resulta difícil explicar por qué el sector público debe quedar al margen de esa lógica. La pregunta no es si los empleados públicos “merecen” el aumento —la mayoría de la ciudadanía reconoce su papel—, sino si la política está dispuesta a ir más allá de la foto del acuerdo y entrar en el terreno menos cómodo de las reformas estructurales.
Preguntas frecuentes sobre la subida del 11 % a los empleados públicos
¿En qué consiste la subida del 11 % a los empleados públicos anunciada por el Gobierno?
El acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos fija un incremento retributivo acumulado del 11 % hasta 2028 para más de tres millones de empleados públicos. La subida se aplicará de forma escalonada a lo largo de varios ejercicios y se acompaña de medidas sobre estabilidad profesional, carrera administrativa y formación.
¿Cómo se vincula este aumento salarial con la modernización de la Administración pública?
El Gobierno defiende que la mejora de salarios forma parte de un paquete más amplio que incluye digitalización, formación y actualización de perfiles profesionales. La idea es que unas condiciones más estables faciliten la adaptación a nuevas herramientas tecnológicas y a cambios en la forma de trabajar. Sin embargo, el acuerdo apenas concreta cómo se traducirá esta modernización en una reducción de burocracia o en una revisión del tamaño de las estructuras públicas.
¿Por qué se habla de revisar el tamaño de los conglomerados públicos en un contexto de avances tecnológicos?
La digitalización y la inteligencia artificial permiten automatizar tareas, compartir información entre administraciones y simplificar procesos. Muchos expertos consideran que, si se aprovecha bien ese potencial, debería ser posible mantener o mejorar la calidad de los servicios con estructuras más ligeras, menos organismos duplicados y menos trámites innecesarios. De ahí que se plantee la necesidad de revisar el tamaño de los conglomerados públicos, igual que lo hacen las empresas cuando adoptan nuevas tecnologías.
¿Qué esperan los ciudadanos de esta subida de sueldo en términos de servicios públicos?
Más allá del debate sobre salarios, una parte importante de la ciudadanía espera mejoras tangibles: menos trámites presenciales, plazos más cortos, plataformas digitales que funcionen sin fallos, atención más cercana y una sensación real de que la Administración se organiza en torno a sus necesidades y no al revés. Si el aumento del 11 % no se acompaña de avances visibles en estos ámbitos, crecerá la percepción de que el esfuerzo recae en el contribuyente sin que cambie demasiado su experiencia diaria.
