Este martes, Stop Macrogranjas ha expresado su enérgico rechazo a los recientes planes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que buscan poner fin a la moratoria sobre las macrogranjas en la región. Este paquete normativo, que incluye un nuevo decreto de purines, un plan de biometanización para el período 2024-2030, y modificaciones a la Ley de Evaluación Ambiental y la Ley de proyectos prioritarios, está diseñado para facilitar la instalación de nuevas explotaciones ganaderas, específicamente aquellas que superan los 2.500 cerdos de cebo, así como las ampliaciones de las existentes.
En una nota de prensa, la entidad ha señalado que esta normativa dará luz verde a autorizaciones que se encontraban suspendidas desde 2022. La situación ha generado preocupación entre organizaciones ambientalistas y vecinales, que argumentan que fomentar la ganadería industrial podría tener consecuencias nocivas para el medio ambiente y la salud pública. Según lo discutido en una reunión reciente entre el director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia, y los representantes de diversas organizaciones, la Junta considera que la ganadería industrial aún tiene margen de crecimiento, tomando como referencia a comunidades autónomas como Aragón o Cataluña.
Las entidades participantes, que incluyen a Stop Macrogranjas, Greenpeace y Ecologistas en Acción, manifestaron su inquietud por esta postura, señalando que Cataluña enfrenta serios problemas de contaminación por nitratos, afectando al 45% de sus municipios. Los colectivos advierten que con el final de la moratoria, se anticipa una avalancha de proyectos tanto de construcción como de ampliación de macrogranjas que actualmente están en pausa.
El nuevo decreto sobre purines establece que las macrogranjas menores a 2.500 cabezas podrán continuar aplicando los purines a los suelos agrícolas, mientras que las que excedan dicho límite dispondrán de un plazo de diez años para adaptarse a nuevas metodologías de gestión de purines. Esta transición también se extenderá a las balsas de purines existentes. Desde Stop Macrogranjas se ha interpretado este periodo como un reconocimiento de que muchas explotaciones no cumplen con los estándares de impermeabilización necesarios, lo que aumenta el riesgo de filtraciones.
El decreto también permite que las nuevas explotaciones de más de 2.500 plazas transporten sus purines a plantas de biometanización o utilicen métodos de separación sólido-líquido. Sin embargo, se ha criticado la creación de un Grupo de Expertos en tratamiento de purines que excluye a organizaciones ambientalistas y colectivos vecinales. Además, se ha denunciado la eliminación de un artículo que permitía a los ayuntamientos regular el esparcimiento de purines, limitándolo solo a casos procedentes de fuera del municipio por «razones técnicas».
La oposición a la deriva de residuos a plantas de biogás se ha expresado enérgicamente, considerándose esta medida una estrategia para mantener un sistema que, afirman, es insostenible y con un alto impacto ambiental. Detallan que un 70% de los 15 millones de toneladas de residuos generados anualmente en la región proviene de la ganadería industrial.
Por último, los representantes de Stop Ganadería Industrial han instado a la Junta a implementar una moratoria efectiva sobre la industria, argumentando que la actual legislación se adapta a los intereses de la industria cárnica. Subrayan la gravedad de la situación de contaminación por nitratos en la región, y recuerdan que en la última década ha habido una expansión significativa de áreas vulnerables a estos contaminantes.
