El curso escolar 2022-23 ha comenzado con un alumnado cercano a los 8,2 millones y 760.000 docentes en la educación no universitaria, repartidos en más de 28.000 centros y con una proporción del 72% en la pública y el 28% en la privada. Y, sobre todo, con el incumplimiento de aspectos fundamentales de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), como por ejemplo la garantía de consolidar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo, el aumento del porcentaje del PIB en inversión educativa o la universalización del primer ciclo de infantil, entre otros. Todo ello, en un contexto marcado por la inflación y el deterioro de la salud mental del estudiantado postpandemia.
Así lo ha indicado el responsable de Política Educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs-Intersindical), Fernando Villalba, este jueves en la rueda de prensa que la organización ha ofrecido en formato online para valorar en profundidad el inicio de curso. Se trata de un comienzo caracterizado por la falta de recursos, la desregulación de algunos ciclos de la enseñanza pública, un profesorado que no ha recibido formación para adaptarse a la nueva normativa y un desarrollo curricular “atropellado” por retrasos significativos en los libros de texto de los cursos impares, según ha subrayado Villalba.
Y es que la desaparición de las restricciones COVID-19 ha supuesto la retirada de efectivos extraordinarios para desdobles. Además del incremento acumulado de la burocracia que sufre el profesorado, se le suman los planes de transformación digital, de lectura y de valoración de la competencia digital, entre otros.
Una universalización del primer ciclo de infantil con un presupuesto insuficiente
En este sentido, para analizar con detalle cómo se está desarrollando la aplicación de la nueva ley en materia de educación, ha intervenido también la responsable de acción sindical de STEs-i, Mariluz González, quien se ha centrado en dos disposiciones adicionales de la LOMLOE: la tercera, que legisla la universalización del primer ciclo de la educación infantil; y la octava, que plasma un plan de incremento del gasto público educativo.
Para ello, ha citado textualmente la disposición adicional tercera: “En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y garantice su carácter educativo. En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización”.
Del mismo modo, ha recordado que en el artículo 15.3 se recoge que: “Los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el segundo o ambos. En todo caso, las administraciones educativas promoverán la existencia de centros públicos que incorporen la educación infantil con otras etapas educativas posteriores”. En este sentido, la puesta en práctica de esta iniciativa se ha realizado mediante los fondos NEXT GENERATION, a través del ‘Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)’, según lo establecido en el último Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación.
Sin embargo, González ha destacado que el acuerdo mencionado permite financiar a terceros a través de convenios o ayudas, es decir, facilita la externalización de la universalización del primer ciclo de infantil. Un ejemplo de ello es el caso de Castilla-La Mancha, donde se está externalizando el 100% de las 3.717 plazas, incumpliendo así el título II de la LOMLOE que subraya que la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo, según ha explicado STEs-i. “Además, si dividimos el total del presupuesto entre las plazas a crear, el resultado asciende a poco más de 10.000 euros, una cifra que evidencia que el plan es insuficiente”, ha subrayado.
Un incremento del gasto público educativo con transferencias de fondos europeos
La disposición adicional octava establece que hay que dotar al sistema educativo con los recursos económicos necesarios mediante un plan de incremento del gasto público previsto en el artículo 155.2, formulado en el plazo de dos años a partir del momento de entrada en vigor de la ley que eleve el gasto público educativo hasta un mínimo del 5% del PIB. “Pasar de un 4,2% del PIB al 5% supondría un incremento presupuestario anual de más de 400 millones de euros, suficiente para acometer, al menos, la reversión de los recortes pendientes desde 2012: reducción de horas lectivas y ratios, apoyos de infantil, pérdida del poder adquisitivo, equiparación de las condiciones del personal interino y un plan contra la burocratización de la enseñanza”, ha explicado Villalba.
No obstante, el responsable de Política Educativa de STEs-i ha denunciado que el incremento del gasto público educativo se está realizando mediante transferencias de fondos europeos finalistas, es decir, “subvenciones coyunturales con propósitos muy concretos y con partidas presupuestarias que no se pueden destinar a objetivos distintos a los planificados por la UE”.
Mejorar las estadísticas educativas “por decreto”
También Villalba ha apuntado que la LOMLOE pretende rebajar al mínimo el fracaso escolar de “un sistema elitista y orientado a la universidad casi exclusivamente” separando en tercero de la ESO al estudiantado en 3 vías: la ESO ordinaria, los Programas de Diversificación Curricular y la FP de Grado Básico. Todas las vías conducen al Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO), con facilidades como la organización en ámbitos y reducción de los contenidos. Además, en el caso de que algún ámbito o materia suponga una barrera para cumplir con los criterios de titulación, está previsto la realización de actividades personalizadas extraordinarias para conseguirlo, una especie de “trabajillo” que sustituye al examen y que todavía no se ha regulado.
Para combatir la negativa tasa de Abandono Educativo Temprano (AET), la LOMLOE permite en el caso del Bachillerato promocionar de primero a segundo con 2 materias suspensas y en segundo conseguir el título con una materia suspensa, lo que supone una copia del sistema universitario. Asimismo, ahora el título de Técnico/a en FP habilita para conseguir el título de Bachiller en la modalidad General, mediante la superación de las materias comunes. También ofrece la posibilidad de cursar un Bachillerato de tres años a jóvenes deportistas de élite o personas que tiene que compatibilizarlo con un trabajo.
La nueva FP abre la puerta a la desregulación y externalización de la enseñanza
Del mismo modo, la confederación sindical ha mostrado su preocupación por la nueva FP: “Ahora será dual en todas sus modalidades y es donde se está realizando una enorme transferencia de fondos europeos. Es un traje a medida para el reparto de fondos europeos NEXT GENERATION, cuyo montante asciende a 2.075 millones de euros en 3 años para aquellos que se arrogan la titularidad de interlocutores sociales. Estamos asistiendo a una verdadera desregulación y externalización de estas enseñanzas”.
Finalmente, “desde STEs-i reivindicamos un verdadero análisis para estudiar las causas reales de los problemas que se plasman en los estudios comparativos con otros países, donde las diferencias socioeconómicas y la desigualdad son sin duda los pilares que hay que solucionar de raíz”, ha concluido a el responsable de Política Educativa de STEs-i.
