El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM Intersindical) ha expresado su satisfacción tras la reciente sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Toledo, que anula la creación de 98 puestos de libre designación establecidos por la Junta de Comunidades en 2019. Estos puestos se habían creado para diversas consejerías, así como para Presidencia y la Agencia del Agua.
En una rueda de prensa, el portavoz del STAS, Gustavo Fabra, acompañado por el abogado del sindicato, José Emilio Rubio, manifestó que esta decisión judicial, aunque no es firme, cuestiona de manera significativa el modelo administrativo que se está implementando en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Fabra denunció la existencia de una «administración en forma de pirámide invertida», donde se designan puestos sin seguir los principios de mérito y capacidad consagrados en la Constitución española.
La sentencia, datada el 19 de mayo, responde a diez demandas interpuestas por el STAS contra las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo realizadas en 2019, cuando el presidente Emiliano García-Page alcanzó la mayoría absoluta. A través del Decreto de Estructura, se crearon 117 puestos de libre designación, muchos de los cuales implicaban un aumento salarial encubierto, según argumenta el STAS.
El abogado del sindicato aclaró que, durante la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) discutida en la Mesa Sectorial, se eliminaron las plazas de los secretarios provinciales de todas las consejerías, mientras se creaban nuevos cargos que, sin ampliar responsabilidades o cometidos, provocaban incrementos en los complementos salariales.
Además, la sentencia condena a la Junta por no respetar los criterios legales de negociación colectiva, al anular diez resoluciones que alteraban las relaciones de puestos de trabajo por la creación masiva de puestos de libre designación y los incrementos encubiertos, que vulneran los derechos del personal funcionario. Un ejemplo mencionado fue la creación de dos jefes de área en la Consejería de Fomento con un alto complemento específico, que podría llevar los ingresos totales a unos 50.000 euros.
Respecto a los ocupantes de estas plazas, Fabra y Rubio explicaron que permanecerán en sus puestos hasta que la sentencia sea firme y, en el peor de los casos, volverán a su nivel anterior, asegurando que «nadie se va a ir a la calle». El portavoz del STAS invitó a los afectados a presentar reclamaciones a la Dirección General de la Función Pública y pidió la dimisión del director general de Función Pública y del consejero de Administraciones Públicas, afirmando que se necesita liderazgo comprometido con una administración objetiva y neutral.
Finalmente, Fabra destacó el aumento significativo en los puestos de libre designación y altos cargos en comparación con años anteriores, subrayando que en la última década, el número de dichos puestos ha crecido un 42%. Criticó que el incremento de altos cargos y personal eventual ha llevado a una administración desproporcionada, con abundantes jefaturas y una falta de personal base en áreas esenciales como los servicios de delegaciones provinciales y oficinas de empleo.
