El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha expresado su confianza en que pueda llegarse a un acuerdo con el Gobierno de España y los agentes sociales para instaurar una reducción de la jornada laboral. Durante un encuentro en Cuenca, Sordo ha abierto la puerta a discutir detalles como la fecha efectiva y modelos de control horario, siempre y cuando la CEOE muestre una clara disposición a negociar.
La respuesta de Sordo llegó después de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, hiciera referencia a la propuesta laboral relacionándola con otorgar doce días de vacaciones pagadas al año. Ante esto, el líder sindical recomendó evitar «declaraciones esperpénticas» para favorecer un clima de diálogo más constructivo y enfatizó que una jornada de trabajo reducida es beneficiosa tanto a nivel social como económico.
El máximo representante de CCOO remarcó que, desde 1983, los cambios en la duración de la jornada de trabajo en España no han sido legislados, sino pactados a través de convenios. Según Sordo, ha llegado el momento de efectuar un cambio a nivel legal que mejore las condiciones de los trabajadores que enfrentan situaciones de mayor precariedad.
Además, arguyó que medidas combinadas de reducción de jornada y subidas salariales incentivan a las empresas a aumentar su productividad por medio de inversiones en elementos como la digitalización y la seguridad laboral, contrariamente a aquellas que obtienen beneficios a través de la explotación. Sordo asegura que esto, a la larga, impulsa la productividad del país.
Sordo también descartó que una jornada laboral más corta pudiera resultar en una pérdida de competitividad. Explicó que, por lo general, las compañías exportadoras ya tienen jornadas que no superan las 37.5 horas semanales, mientras que sectores como el del comercio, la agricultura o el servicio doméstico aún presentan jornadas excesivamente largas.
Con este panorama, Sordo extendió una invitación a la patronal para trabajar conjuntamente en la reducción de la jornada laboral, pidiendo igualmente al Gobierno que mantenga firmeza en el caso de que no se logre un convenio que incluya a todos los agentes sociales involucrados.
