En los últimos días de 2023 y de cara al próximo año, la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha emitido una serie de demandas a las administraciones para abordar lo que consideran una situación «insostenible» del sector vitivinícola en España.
El presidente de AIVE, Lorenzo Delgado, ha resaltado la imperiosa necesidad de implementar acciones concretas, entre ellas, la prohibición de la producción de bebidas espirituosas y vinagres a partir de alcoholes no vínicos. La propuesta sugiere el uso exclusivo de alcohol vínico, movimiento que, según Delgado, permitiría la comercialización del 30-40% del excedente de vino actual, con una incidencia positiva en los precios, especialmente para el vino procedente de uvas tinta. Esta información ha sido divulgada por la asociación a través de una nota de prensa.
Delgado ha hecho hincapié en la superior calidad y trazabilidad del alcohol vínico frente a otros alcoholes, instando a una rápida intervención de las autoridades sanitarias. Adicionalmente, AIVE ha planteado la necesidad de hacer transparente la procedencia de los azúcares en bebidas refrescantes y energéticas, aludiendo a una ingesta excesiva de conservantes como el E-300 y azúcares industriales de origen desconocido, factores que podrían estar influenciando en el aumento de tasas de diabetes entre niños y jóvenes.
Una mayor apuesta por los vinagres de origen vínico también figura entre sus peticiones, argumentando que se debe restringir el uso del ácido acético sintético, el cual es obtenido a través de una reacción química que involucra monóxido de carbono y metanol.
Mirando hacia el futuro inmediato, la asociación solicita que para 2024 se establezcan campañas promocionales que fomenten el consumo de zumo de uva, destacando los beneficios saludables de las variedades tintas.
Otro aspecto que resalta AIVE es el ejemplo francés en lo que respecta a los apoyos que podrían otorgarse a los viticultores españoles que decidan arrancar de manera definitiva viñedos afectados por enfermedades o problemas generacionales que complican su gestión y mantenimiento.
Para finalizar, AIVE recalca que la Ley de la Cadena Alimentaria debe ser aplicada de manera universal, sin excluir a sectores particularmente cooperativas, asegurando una equidad total en la industria vitivinícola.
