Según el informe presentado por la Fiscalía, Ángel María Villar habría orquestado un esquema a través del cual se beneficiaba económicamente de contratos y acuerdos en nombre de la RFEF. Este esquema incluía la organización de partidos amistosos de la selección española, en los cuales se aseguraba de obtener una parte de los ingresos generados, evadiendo así los controles internos y las regulaciones fiscales. Además, se le acusa de haber utilizado su posición para adjudicar contratos a empresas familiares sin seguir los procedimientos de licitación adecuados, lo que amplía el alcance de las irregularidades financieras descubiertas.
La defensa de Villar alega que todas las operaciones cuestionadas fueron realizadas en beneficio de la federación y que nunca tuvo la intención de cometer delito alguno. No obstante, la Fiscalía sostiene que las evidencias demostrarán lo contrario, señalando la gravedad de los actos y la necesidad de establecer un precedente para evitar futuras conductas similares en el ámbito deportivo. Mientras tanto, la RFEF ha iniciado un proceso de revisión interna para mejorar sus sistemas de control y asegurar que situaciones de este tipo no se repitan en el futuro. La comunidad futbolística internacional permanece atenta al desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones importantes para la gestión del deporte a nivel global.
