La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto iniciar el próximo martes el juicio contra cuatro individuos, quien enfrentan cargos por el secuestro de un hombre, el cual duró más de diez horas, a quien además robaron exigiéndole la cantidad de 2.500 euros, correspondiente a una presunta deuda.
De acuerdo con la información contenida en el documento de acusación obtenido por Diario CLM, los hechos tuvieron lugar en marzo del año 2020, cuando los incriminados forzaron a la víctima a subir a un automóvil. Durante el incidente, los secuestradores le sustrajeron 300 euros en efectivo que llevaba consigo y le demandaron adicionalmente la entrega de 2.500 euros.
Los procesados condujeron al hombre al parque Forestal de La Atalaya, amenazándolo de muerte y con arrojar su cuerpo a un pozo si no accedía a proveer la suma de dinero requerida. Luego, trasladaron a la víctima a un cajero automático de una institución financiera con la intención de retirar los 2.500 euros; sin embargo, el intento fue infructuoso. Acto seguido, le llevaron a una vivienda para aguardar la apertura del banco a las 8:30 a.m.
Cuando se encontraban en el banco, el perjudicado solicitó a la empleada de caja el retiro de los 2.500 euros, petición que fue denegada al no contar con saldo suficiente en su cuenta. La directora del establecimiento, percibiendo una situación «anormal», estuvo en disposición de llamar a la Policía siguiendo la recomendación del ministerio público, pero desistió a petición de la propia víctima, quien posteriormente se retiró del lugar en compañía de los presuntos secuestradores.
La situación llegó a un punto crítico cuando, después de ser llevado nuevamente a La Atalaya, los supuestos secuestradores lo condujeron a otra sucursal bancaria situada en la calle Toledo. Allí, finalmente, la víctima solicitó auxilio al director y, mediante la activación de la alarma, se logró la llegada de la Policía al lugar.
La Fiscalía, considerando la naturaleza de los actos, ha solicitado penas que incluyen cuatro años y seis meses de prisión para dos de los acusados por cometer delitos de detención ilegal y de robo con violencia e intimidación. Adicionalmente, se han propuesto condenas de cinco años para los otros dos acusados, considerando el agravante por contar con antecedentes de reincidencia en delitos similares.
