La Fiscalía ha solicitado penas de seis años de cárcel para las acusadas M.P.N.L. y R.B.M. por la comisión de un supuesto delito de malversación de fondos públicos pertenecientes a la ya disuelta Cámara Agraria de Cuenca, según un informe previo del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press.
Las investigaciones indican que los delitos se habrían cometido a partir del año 2008, cuando M.P.N.L. fue asignada como secretaria de la Cámara Provincial de Cuenca por la Junta de Comunidades. La acusada, con la complicidad de R.B.M., habría comenzado a desviar fondos para su provecho personal utilizando su capacidad para gestionar las finanzas del organismo. Se argumenta que las acusadas realizaban este ilícito bajo el pretexto de compensar la ausencia de pago de las dietas correspondientes.
Los métodos empleados por las acusadas incluían transferencias y la emisión de talones, que se ejecutaban mediante documentos falsificados o la falsificación de firmas de los miembros de la directiva. De acuerdo con la fiscalía, los documentos presentados para las transferencias bancarias indicaban como destinatarios a los ayuntamientos pertinentes, pero el número de cuenta real estaba asociado a las acusadas o a sus familiares. En cuanto a los talones, o bien se obtenía la firma de los miembros de la directiva sin exponer el motivo real de la emisión, o directamente se falsificaban sus firmas para poder cobrarlos.
El descubrimiento de la malversación ocurrió cuando el sucesor de la secretaria, tras su jubilación, tomó posesión del cargo y realizó la contabilidad correspondiente, encontrando una sustracción total de fondos que asciende a la suma de 326.587,43 euros.
La Fiscalía considera estos actos como constitutivos de un delito de malversación, tal como lo establece el artículo 432 del Código Penal, sumando también un delito de falsedad documental de conformidad con el artículo 390 del mismo cuerpo legal.
Durante el juicio que se llevará a cabo este jueves en la Audiencia Provincial, el Ministerio Público ha pedido no solo la pena de prisión de seis años para cada una de las encartadas, sino también su inhabilitación absoluta por un periodo de quince años. Adicionalmente, se exige que tanto las acusadas como los familiares que se beneficiaron de las acciones de malversación, repongan la cantidad de 326.000 euros a la Cámara Agraria a modo de indemnización por el perjuicio económico causado.
