Cientos de trabajadoras y trabajadores del sector de la Limpieza de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real han vuelto a recordar a la patronal «los bajos salarios y las pésimas condiciones con los que acuden todos los días a sus puestos, una situación frente a la que solo reciben la callada» de la patronal por respuesta. El próximo lunes 27 de febrero los responsables de CCOO y UGT se reunirán en Toledo con responsables de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a quienes pedirán –además del apoyo- «su implicación directa» en un problema «cuya solución también está en manos del Gobierno regional».
En las concentraciones convocadas hoy por UGT y CCOO en estas cuatro provincias de Castilla-La Mancha, han exigido a las empresas que se sienten a negociar unos convenios que están caducados desde el año 2021, lo que hace que este colectivo -un total de 15.000 personas- haya sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 12,4%.
«Después de un mes y medio de conflicto, los convenios siguen bloqueados por culpa de la intransigencia de las grandes empresas que tienen a su cargo la limpieza de los edificios públicos de la región.
Ni nos convocan a una reunión ni nos proponen solución alguna.
Están esperando a que pase el tiempo, a cobrar las subidas que van a tener por prestar estos servicios y, en definitiva, a ganar dinero a costa de los trabajadores y trabajadoras», sostienen desde ambos sindicatos mediante una nota de prensa.
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT y CCOO Hábitat destacan que es un conflicto «de sesgo de género» que afecta a un colectivo muy feminizado y que está muy condicionado por la parcialidad de sus contratos y por la congelación de los salarios que viene sufriendo desde hace dos años.
Recuerdan que la Junta de Comunidades ha pagado a estas contratas un total de 130 millones de euros y que a lo largo de 2023 salen las licitaciones del 70% de los contratos con estas grandes empresas.
«Con las muestras de apoyo no comen estas trabajadoras; el poder llegar a fin de mes depende de un salario que la patronal se niega a actualizar. Por ello a la administración le exigimos que tome cartas en el asunto y que obligue a estas empresas a aumentar los salarios de sus plantillas», ha afirmado.
