La situación laboral en Calzados Pablo SLU se ha tornado conflictiva tras el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la familia Martín-Caro, propietaria de la empresa y del grupo Pablosky. El ERE, que se presentó a finales del año pasado alegando causas económicas, propuso el despido de 48 trabajadores, lo cual representa el 15% de los 315 empleados de la planta en Fuensalida (Toledo).
Los sindicatos CCOO-Industria y UGT-FICA, que representan al comité de empresa, han expresado que las verdaderas razones detrás del ERE eran el traslado de parte de la producción a Marruecos, más específicamente las labores de cosido y aparado. Han enfatizado que los despidos podrían haberse evitado o mitigado si la empresa hubiera favorecido salidas incentivadas para personal de más edad, algunos de los cuales llevan hasta 50 años de servicio.
El proceso de negociación del ERE terminó sin alcanzar un acuerdo, debido a la postura de los sindicatos que cuestionaron las supuestas causas económicas, señalando deficiencias en la Memoria del ERE y acusando a los Martín-Caro de no haber negociado de buena fe. Según las denuncias sindicales, la empresa no proporcionó información económica crucial de las diferentes filiales y del grupo en su conjunto, y adoptó una actitud selectiva y restrictiva respecto a las indemnizaciones e incluso ejerció presión sobre los trabajadores y sus representantes sindicales.
Tras el fracaso de las negociaciones, los Martín-Caro procedieron a ejecutar los despidos, que incluyeron 12 voluntarios y 34 forzosos, sin esperar al informe de la Inspección de Trabajo y obligando a los trabajadores a firmar sus cartas de despido sin asistencia sindical – una acción que los sindicatos han interpretado como una infracción de derechos.
El comité de empresa y sus sindicatos ahora preparan un conflicto judicial que no solo busca declarar la nulidad o improcedencia de los despidos, sino también que se reconozcan las presuntas vulneraciones de derechos sindicales de relevancia constitucional. En particular, se argumenta que algunos despidos forzosos podrían ser considerados nulos ya que involucran a trabajadores recientemente incorporados a la nómina tras ser catalogados previamente como «falsos autónomos».
En esencia, los sindicatos acusan a los Martín-Caro de buscar reducir costes laborales mediante la deslocalización y, a su vez, de intentar operar en un ambiente que impone menos exigencias a condiciones laborales dignas y limita los derechos de los trabajadores. La disputa plantea un debate acerca de las tensiones entre las estrategias comerciales de las empresas y los derechos y condiciones de los empleados.
