Las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, STAS y UGT han exigido al Gobierno regional la retirada del orden del día de la reciente Mesa Sectorial de Personal Funcionario, que tuvo lugar este viernes. La razón de esta solicitud radica en la inclusión de la creación de tres nuevos puestos «de confianza» y otros cuatro de libre designación, lo que conlleva un gasto de 400.000 euros.
Los representantes sindicales denunciaron, antes de la reunión, que uno de los puntos más controvertidos del orden del día era la creación del puesto de director de la Oficina de Bruselas. Este puesto había sido anulado en julio por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha debido a la falta de negociación con la parte social. Los sindicatos criticaron que dicha figura solo serviría para atender a los altos cargos que se desplazarán a Bruselas, lo que consideran un indicio de «politización y desprofesionalización» de la administración pública.
María Ángeles Lobo, de CSIF, subrayó que el personal funcionario que interactúa directamente con la ciudadanía está «bajo mínimos de personal y de recursos». En un ejemplo relacionado, mencionó que el Centro de Educación Especial Infanta Elena de Cuenca solo cuenta con una persona en enfermería para atender a 20 niños con distintas patologías. Lobo acusó al Gobierno de priorizar los intereses de altos cargos por encima de las necesidades básicas de la ciudadanía.
José Luis Martínez, coordinador del sector autonómico de CCOO, calificó de «llamativo» que la primera mesa después del verano se centrara en la creación de estos puestos, cuando hay tantas demandas insatisfechas en los servicios educativos y sociales. Destacó que, a pesar del fallo del Tribunal Superior, la Administración regional continúe presentando la plaza del director de la oficina de Bruselas, sugiriendo que la decisión podría esquivar la resolución judicial.
Gustavo Fabra, representante de STAS, también expresó su preocupación por la oficina de Bruselas, afirmando que su existencia no beneficia a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, sino que se destina a asistir a los altos cargos que viajan a Bruselas. Fabra hizo hincapié en el incremento desmedido de puestos de libre designación y eventuales en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un fenómeno que contradice el ejemplo de otras comunidades como Andalucía, donde dichos puestos no alcanzan el 7%.
Por su parte, Feliciano Sánchez, de UGT, criticó que el Ejecutivo regional priorice la creación de personal eventual en lugar de habilitar dotaciones para cubrir puestos necesarios en la administración pública. Anunció que, en la mesa, se insistiría en la retirada de estas propuestas y se instaría al Gobierno a reconsiderar su enfoque sobre el empleo público.
En un comentario adicional sobre la reciente creación de la Agencia de Transformación Digital y la Oficina del Dato, Fabra hizo una analogía con una famosa canción, sugiriendo que estas entidades deberían funcionar como unidades administrativas incorporadas en la estructura existente, lideradas por funcionarios de carrera en lugar de personal político.
