Representantes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) Industria Toledo y de la Unión General de Trabajadores (UGT) han informado en rueda de prensa que se opondrán al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la fábrica de zapatos Pablosky en Fuensalida, argumentando que la medida carece de justificación económica y adelantando que será recurrido.
La empresa Pablosky, con una nómina de 315 empleados, intentó previamente convertir una parte de su plantilla en personal fijo discontinuo, lo cual resultó en una disminución salarial para los afectados. Este año, la compañía ha propuesto nuevamente esta modalidad de contratación, generando descontento entre los trabajadores.
Actualmente, la dirección de Calzados Pablo tiene la intención de reducir su plantilla, anunciando el despido de 48 trabajadores. Sin embargo, según los sindicatos, este número podría ascender a aproximadamente un centenar. Esta cifra incluiría a 68 empleados que están en edad de jubilarse o prejubilarse y que no se les ha ofrecido la opción de bajas voluntarias.
Los representantes sindicales han remarcado que las razones económicas esgrimidas por la empresa para justificar el ERE son «infundadas». En caso de llevarse a cabo los despidos en los términos propuestos por la empresa, con la indemnización legal mínima, la representación sindical acudirá a las autoridades laborales buscando la nulidad del procedimiento o su declaración de improcedencia.
Asimismo, se ha programado una asamblea para el próximo martes con el objetivo de poner en conocimiento de los trabajadores la situación actual y definir las acciones sindicales contra lo que consideran «despidos traumáticos».
Los sindicatos también han criticado la postura de la empresa, que ha trasladado parte de sus operaciones a Marruecos desde junio del último año. Los trabajos de cortado y aparado realizados en este nuevo destino podrían haber mantenido los puestos de las 48 personas a despedir en Fuensalida, aseveran los representantes sindicales.
Tras un proceso de mediación el pasado 14 de diciembre, las partes decidieron extender el periodo de consulta, pero a pesar de ello, los sindicatos acusan a los propietarios de Pablosky de responsabilizar a los trabajadores mayores de haber presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo y de haber ofrecido salidas voluntarias únicamente para determinados grupos de edad.
