En la región, los sindicatos STE, CCOO y CSIF se han plantado ante la posibilidad de tomar medidas contundentes en el tercer trimestre del año académico. Estas acciones podrían incluir manifestaciones, paros parciales o huelgas durante los meses de mayo y junio. El motivo detrás de estas potenciales movilizaciones es ejercer presión sobre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para abordar lo que ellas denominan «recortes estructurales» que afectan al colectivo docente desde hace más de una década. Los docentes se sienten «sobrecargados, enfadados y hartos», según han manifestado.
Los representantes sindicales Lorenzo Alberca (STE), José Antonio Ranz (CSIF) y Ana Belén San Roma (CCOO) explicaron su postura en una concentración a las puertas de la Consejería de Educación en Toledo. Hicieron hincapié en que la situación económica de Castilla-La Mancha ha mejorado, con presupuestos que han superado los 12.000 millones de euros en los últimos cuatro ejercicios. Sin embargo, señalan que la región, al igual que Madrid y Galicia, no ha restaurado las horas lectivas previas a los recortes —18 horas en enseñanzas medias y 23 para maestros—, lo que afecta negativamente a la calidad educativa.
Estos sindicatos también demandan un aumento de las horas complementarias dedicadas a las tareas propias de la profesión docente y una reducción de las ratios máximas en todos los niveles y etapas educativas. Argumentan que estas dos medidas son cruciales para la calidad de la educación, una afirmación apoyada por los últimos resultados del informe PISA 2022, según el cual Castilla-La Mancha ha experimentado un descenso significativo en rendimiento, situándose entre los últimos seis puestos nacionales.
Por otro lado, forman parte de sus reivindicaciones la recuperación de la posibilidad de reducir voluntariamente la carga lectiva para los mayores de 55 años y el derecho al cobro del verano para el personal interino con un mínimo de 5 meses y medio de servicio. Además, los sindicatos han expresado su preocupación por el cierre de colegios y la disminución de plantillas, un fenómeno agravado, según ellos, por el incremento presupuestario destinado a la educación concertada.
En cuanto al pacto alcanzado el año pasado entre el Gobierno regional, UGT y ANPE, las organizaciones lo califican como insuficiente y argumentan que las medidas acordadas deberían implementarse a la brevedad posible, y no esperar hasta septiembre de 2024. A pesar de sus demandas, los sindicatos señalan que sus peticiones parecen ignoradas en las mesas sectoriales y que las conversaciones con el consejero no se han concretado en compromisos formales.
La ejecución de las acciones de protesta está condicionada a la respuesta que la Consejería de Educación pueda ofrecer a las exigencias planteadas por STE, CCOO y CSIF. Estos representantes sindicales enfatizan que no aceptarán promesas vacías y que, hasta que no estén por escrito, continuarán adelante con sus planes de movilización.
