Este jueves, los sindicatos representados en la Junta de Personal Funcionario, entre ellos STAS, CSIF, CCOO, UGT y USO, se han concentrado en el acceso de la Delegación provincial de Bienestar Social para exigir un refuerzo del personal empleado público en los servicios de atención a la ciudadanía. Los representantes sindicales han denunciado que la plantilla se encuentra «cada día más castigada», con numerosos puestos vacantes que quedan desiertos en los diferentes concursos y procesos de selección, además de sufrir desdotaciones presupuestarias.
En un comunicado, los sindicatos han destacado que esta situación impacta negativamente en las personas que demandan estos servicios, especialmente aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Según sus afirmaciones, la reducción de recursos y personal parece ser una estrategia del Gobierno regional para justificar una progresiva privatización de los servicios públicos.
La concentración también ha puesto de manifiesto las consecuencias que tiene esta falta de personal sobre la salud del propio equipo, indicando que las cargas de trabajo excesivas, los cambios organizativos mal gestionados y la precariedad laboral pueden acarrear problemas físicos y psicológicos. Esto incluye desde trastornos psicológicos hasta cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la tensión arterial, dolor de cabeza y problemas músculo-esqueléticos.
Por estas razones, los sindicatos han reclamado a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la aprobación de medidas que aseguren la cobertura de vacantes y bajas por enfermedad. Durante la concentración, que contó con la presencia del Comité de Empresa de Bienestar Social, insistieron en la necesidad de cubrir de manera inmediata todas las plazas vacantes y detener las políticas privatizadoras que están implementando en la Junta.
