El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha expresado su desacuerdo y preocupación ante la reciente implementación de un nuevo impuesto por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, que obliga a todos los ayuntamientos de la región a aumentar la carga fiscal de los ciudadanos a través de una subida en la factura del agua. Este cambio, que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2025, fue anunciado de manera repentina por la Junta, generando un clima de descontento en la ciudad.
Durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por concejales del equipo de Gobierno y el director gerente de Aguas de Albacete, Serrano calificó la situación de «imposición» y «una medida injusta» que repercutirá negativamente en la economía de los albaceteños. El alcalde argumentó que la introducción de este nuevo canon medioambiental no solo aumentará los costos para los consumidores, sino que se suma a una ya larga lista de impuestos que los ciudadanos deben afrontar, como las tarifas por el abastecimiento de agua y el mantenimiento de infraestructuras relacionadas.
Serrano anunció que el Ayuntamiento reclamará a la Junta la devolución de los fondos generados por este nuevo impuesto para poder seguir realizando inversiones en la mejora de las redes de saneamiento, abastecimiento y alcantarillado de la ciudad, una demanda que se presenta como una necesidad ante el incremento de costes. A su vez, el alcalde indicó que, junto a la próxima factura del agua, los albaceteños recibirán una carta en la que se les aclarará que ni Aguas de Albacete ni el Ayuntamiento son responsables por este nuevo cargo; la única entidad encargada de su gestión es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El impacto económico de esta nueva carga fiscal no tardará en hacerse sentir. Según las estimaciones aportadas por el alcalde, se espera que el Ayuntamiento de Albacete recaude cerca de 4 millones de euros al año, una cifra que incluye aportaciones de hogares, zonas industriales, comercios y otras entidades, aunque solo una fracción de este monto será destinada a mejorar las infraestructuras. Serrano destacó que un hogar promedio podría enfrentar un aumento del 15% en su factura, lo que se traduce en aproximadamente 24 euros más al año.
El descontento no se limita a los ciudadanos, ya que el tejido empresarial también se verá afectado. Negocios que dependen de un alto consumo de agua, como lavanderías y hostelería, verán incrementados sus gastos anuales en cifras que van desde los 800 euros hasta 130 euros más para empresas de menor escala. Las grandes industrias, particularmente aquellas con un consumo intensivo de agua, enfrentan aumentos significativos que podrían traducirse en decenas de miles de euros adicionales cada año.
Serrano subrayó que esta medida llega en un contexto en el que una parte considerable de la población de Castilla-La Mancha ya enfrenta dificultades económicas. Según datos recientes, el 13% de los ciudadanos vive en situación de pobreza severa, lo que agrava aún más la pertinencia de su rechazo a este nuevo impuesto. La respuesta del alcalde refleja un compromiso por defender los intereses de la comunidad y una llamada a la conciencia del Gobierno autonómico sobre las condiciones que atraviesan muchas familias en la región.
