El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha expresado su descontento y rechazo ante la imposición del Gobierno de Castilla-La Mancha de un nuevo impuesto que obligará a los ayuntamientos de la región a aumentar la factura del agua a partir del 1 de enero de este año. Serrano ha anunciado que solicitará a la Junta que devuelva al Ayuntamiento la totalidad de los ingresos que se recauden en la ciudad como resultado de este nuevo canon medioambiental.
Durante una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por los concejales del equipo de Gobierno, Alberto Reina y Carlos Calero, así como por el director gerente de Aguas de Albacete, José Belda, el alcalde criticó la forma en que se implementó esta medida, asegurando que se hizo «con nocturnidad y alevosía». La resolución fue publicada el 31 de diciembre de 2024, lo que dejó poco margen para que los ciudadanos se prepararan para el cambio.
Serrano argumentó que la implantación de este impuesto perjudica a los albaceteños, quienes deberán hacer un «esfuerzo suplementario» para afrontar el nuevo coste. Recordó que ya existen otros impuestos relacionados con el abastecimiento de agua, como los que se pagan por la planta de tratamiento de agua potable, la ósmosis y la nueva depuradora en construcción, además de los gastos de potabilización y mejoras en las redes de agua.
El alcalde destacó que el Ayuntamiento de Albacete reclamará la devolución de la totalidad del dinero recaudado para continuar con la renovación de las redes de saneamiento y alcantarillado. Junto a la primera factura del agua afectada por este nuevo canon, los ciudadanos recibirán una carta del alcalde explicando que ni Aguas de Albacete ni el propio Ayuntamiento son responsables de esta medida, que es impuesta por la Junta.
Manuel Serrano subrayó que la Junta ha exigido la aplicación de este nuevo impuesto sin haber resuelto muchas dudas, como las bonificaciones disponibles para los ciudadanos y los canales de reclamación. Según sus estimaciones, el Ayuntamiento deberá recaudar cerca de 4 millones de euros anuales, pero solo se espera que retorne un 25% de esa cantidad para inversiones.
En términos concretos, el alcalde detalló que se prevé que se recaudará aproximadamente 2,2 millones de euros de los hogares, 800.000 de zonas industriales, 280.000 del comercio y hostelería, entre otros. Manuel Serrano consideró que la justificación de la Junta para el aumento, alegando motivos medioambientales, es insatisfactoria, ya que de los casi 4 millones recaudados solo se destinarán 800.000 a inversiones.
La nueva carga económica afectará gravemente a las familias y al tejido empresarial. Por ejemplo, un hogar de cuatro personas con un consumo medio de agua verá un incremento del 15% en su factura, lo que se traduce en unos 24 euros al año. Los sectores más afectados incluyen a estaciones de servicio, peluquerías y lavanderías, con incrementos significativos en sus costos.
Serrano también mencionó que grandes empresas de consumo elevado de agua, como las de congelados y reciclaje, experimentarán aumentos significativos en sus facturas anuales, lo que pone en riesgo su viabilidad económica en un contexto donde una parte considerable de la población ya enfrenta dificultades financieras. El alcalde cuestionó la decisión del Gobierno regional de implementar este impuesto, especialmente considerando que el 13% de la población castellanomanchega tiene serias dificultades para llegar a fin de mes, según datos del INE.
