La Audiencia Provincial de Guadalajara ha dictado sentencia en el macrojuicio por el fraude de IVA y falsedad documental que tuvo lugar entre los años 2014 y 2017. Un total de 23 acusados han sido condenados a un total de 162 años de prisión. Los cabecillas de la trama, J.G.G. y J.C.M.B., han recibido la pena más alta, condenados a cuatro años y un día de prisión por cada uno de los años en los que cometieron los delitos.
Además, los acusados tendrán que hacer frente a una responsabilidad civil solidaria de 29.303.320,9 euros, junto con los correspondientes intereses. Según la sentencia, todos los acusados, exceptuando tres que han sido absueltos, se organizaron en un entramado conocido como «fraude carrusel» para defraudar el IVA. Este entramado consistía en la venta en España de material informático adquirido de otros países de la Unión Europea, repercutiendo el IVA pero no ingresándolo.
Las empresas utilizadas en este fraude funcionaban como «truchas», «pantallas» y distribuidoras de las mercancías. El mecanismo consistía en que una empresa llamada trucha realizaba una adquisición interna comunitaria en la que se autorepercutía y deducía la cuota de IVA. Posteriormente, vendían la mercancía a otra empresa llamada pantalla, que soportaba el IVA, adquiriendo así el derecho de deducción. Sin embargo, la primera empresa desaparecía sin haber ingresado el IVA repercutido, generando así un perjuicio a Hacienda.
En este entramado, algunas empresas nunca ingresaban el IVA pero otras lo deducían, actuando todas de forma coordinada mediante facturas falsas. En total, se dejaron de ingresar 5,9 millones en 2014, 5,3 millones en 2015, 11,3 millones en 2016 y 6,6 millones en 2017.
La estructura de esta trama estaba dirigida por J.G.G. y J.C.M.B., quienes crearon el entramado de empresas para introducir material en España sin ingresar el IVA repercutido, utilizando facturas falsas emitidas por otras entidades de la trama. J.G.G. era responsable de establecer la estrategia empresarial, ubicar las empresas y captar testaferros, y también tenía acceso a las cuentas bancarias de las distintas sociedades para simular ventas entre ellas.
Los acusados actuaban emitiendo facturas falsas, simulando pagos y cobros, pero con cierta independencia de actuación, mientras que otros colaboraban como testaferros o con pleno conocimiento de la actividad. Según la sentencia, los acusados seleccionaban a personas sin estudios o con estudios mínimos pero con relación directa o indirecta con J.G.G. o J.C.M.B. para que asumieran la titularidad de empresas a cambio de dinero en negro.
La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. La ejecución de las penas de multa y responsabilidad civil a los condenados se hará mediante el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria.
