El líder opositor Juan Pablo Guanipa fue emboscado y secuestrado por individuos armados menos de doce horas después de haber sido excarcelado. Su hijo, Ramón Guanipa, denunció en redes sociales que su padre fue interceptado por «funcionarios sin identificación» mientras participaba en una actividad a altas horas de la noche. Desde su liberación, atentamente monitoreada por diversos sectores de la oposición, se ha exigido al régimen chavista una fe de vida y se le ha responsabilizado por cualquier eventualidad que pudiera ocurrirle a Guanipa.
El evento de su secuestro se produce tras una movilización que celebraba su reciente libertad, después de haber pasado meses en prisión por acusaciones que iban desde terrorismo hasta lavado de dinero. Guanipa había estado abogando por la liberación de otros presos políticos y en favor de una supuesta «reconciliación» en el país, un discurso que se ha vuelto habitual en el marco de la nueva ley de amnistía del régimen. La activista María Corina Machado y su partido, Primero Justicia, se han pronunciado exigiendo su liberación inmediata y condenando la persecución a la disidencia.
Horas después del secuestro, la fiscalía venezolana anunció la revocatoria de la medida cautelar a Guanipa, ordenando que se le impusiese un régimen de detención domiciliaria a pesar de que no había condiciones adicionales establecidas en su boleta de excarcelación. Este incidente resalta la continua tensión política y las condiciones inaceptables que enfrentan los opositores en Venezuela, donde un gran número de presos políticos aún enfrentan condiciones de detención severas, a menudo negándose a reconocer la existencia de una disidencia perseguida.
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