La Sección Segunda de la Audiencia Provincial Ciudad Real tiene previsto juzgar a partir de las 10.00 horas de este jueves, 3 de noviembre, a un varón que fue pillado con 5,66 gramos de cocaína en 2018. El procesado se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel, por un presunto delito contra la salud pública.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación que recoge Europa Press, señala que los hechos se remontan al 14 de octubre de 2018 cuando el procesado, en situación regular en España y sin antecedentes penales, regentaba una tienda ’24 horas’ en Alcázar de San Juan, a la que fueron agentes de la Policía Nacional para realizar una actuación de inspección, dado que dicho establecimiento era muy frecuentado por menores de edad.
En el marco de dicha inspección, los agentes encontraron en el mostrador del establecimiento seis envoltorios de plástico cerrados por alambre que contenían cocaína, y, ocultos en una caja, 610 euros fraccionados en billetes.
En la trastienda del local, hallaron una estantería donde estaban restos de bolsas de plástico cortadas en círculo, y en una pared opuesta, un cutter de color gris con restos de cocaína en su hoja.
De igual modo, en el vehículo Seat Toledo, propiedad del acusado, que estaba estacionado en el exterior de su establecimiento, se encontraron otros seis envoltorios de plástico cerrado por alambre conteniendo cocaína, ocultos en un alojamiento del interior del airbag del lado del acompañante.
Según el fiscal, dichos objetos encontrados en ese local eran destinados a la manipulación, pesaje y preparación de las sustancias estupefacientes intervenidas para su ulterior distribución en el mercado ilícito mediante su venta a terceros.
La totalidad de la droga incautada al acusado, esto es, los 12 envoltorios de plástico incautados, contenían un total de 5,66 gramos netos de cocaína y una riqueza media del 72,58%, llegando a los 2.198,10 euros en el mercado ilícito.
De ahí que el representante del Ministerio Fiscal considere que los hechos relatados son constitutivos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.
Al no concurrir en el acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ha procedido a imponerle la pena de cuatro años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la pena de multa de 4.396,20 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de tres meses de privación de libertad.
