En un mundo donde el turismo de masas se ha convertido en una bendición económica para muchos destinos, pero también en una carga por el impacto ambiental y social que acarrea, ciudades y países buscan estrategias para mitigar sus efectos. El turismo excesivo ha llevado a ciudades de Bélgica y Francia a adoptar medidas drásticas para frenarlo, recurriendo al incremento de impuestos. Esta misma estrategia ha empezado a tomar forma en la icónica isla griega de Santorini, conocida por sus impresionantes paisajes y su sobrecarga turística.
Santorini, con poco más de 15,000 habitantes, se enfrenta anualmente a la llegada de unos 5.5 millones de turistas, cifra que ejerce una presión enorme sobre su infraestructura y calidad de vida. La situación alcanzó un punto crítico recientemente, cuando un concejal de la isla instó a los residentes a «reducir sus movimientos» ante la llegada de 17,000 visitantes de cruceros en un solo día. Esta petición, que se viralizó en redes sociales y luego fue eliminada, desató una ola de críticas y puso en relieve la urgente necesidad de tomar acciones concretas.
La respuesta de Grecia ha sido la implementación de una «tasa de resiliencia climática», que busca promover un turismo más sostenible y recaudar fondos para proyectos de reconstrucción y prevención ante desastres naturales, como los incendios forestales que azotaron el país el verano pasado. A partir de este año, los turistas deben abonar entre 1.5 y 10 euros por noche, dependiendo de la categoría del hotel, durante su estancia en temporada alta.
La medida ha abierto un debate sobre su efectividad y las posibles consecuencias para el atractivo turístico del país. Mientras algunos ven en los impuestos una herramienta para desalentar el turismo masivo y recaudar fondos para mitigar sus impactos, otros advierten sobre el riesgo de perder competitividad frente a destinos más baratos.
Detrás de esta controversia, el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, se ha comprometido a limitar el número de cruceros en Santorini y Mykonos, dos de las islas más afectadas, aunque los planes concretos no se esperan hasta 2025. Esto incluirá un nuevo proceso de licitación y plazas limitadas para estas embarcaciones.
Este enfoque, aunque prometedor, plantea interrogantes sobre su eficacia a largo plazo. ¿Podrán los impuestos y las restricciones equilibrar la balanza entre el desarrollo económico y la sostenibilidad? La experiencia de Santorini puede ofrecer valiosas lecciones para otros destinos que luchan contra los efectos del turismo de masas, en un momento en que la búsqueda de un equilibrio sostenible se ha vuelto más crucial que nunca.
