Sanidad exigirá a los laboratorios transparencia en los costes de producción de medicamentos
El Ministerio de Sanidad pedirá a los laboratorios que revelen cuánto les ha costado producir, investigar y desarrollar los medicamentos como parte del proceso de evaluación para su inclusión en el Sistema Nacional de Salud. Esta medida, según el equipo de la ministra Mónica García, busca avanzar hacia la transparencia en un sector donde las negociaciones sobre precios han sido tradicionalmente opacas.
El objetivo de esta nueva regulación es garantizar que las farmacéuticas proporcionen los costes reales de producción, investigación y financiación de los medicamentos. El real decreto en consulta pública establece la obligación de aportar esta información antes de que se fijen los precios finales, lo que podría repercutir en los márgenes de beneficio que actualmente obtienen los laboratorios.
Una medida que busca reducir los márgenes de beneficio de las farmacéuticas
Esta iniciativa es un paso importante para rebajar los costes que paga el sistema público por los medicamentos. Hasta ahora, los precios de los fármacos se han fijado sin conocer los verdaderos costes de producción, lo que, según asociaciones como la Asociación para un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), ha permitido a las farmacéuticas maximizar sus beneficios.
Durante años, las autoridades mantuvieron en secreto el precio de los medicamentos en España, revelando solo el máximo que las administraciones podían pagar. Sin embargo, en los últimos meses, el Ministerio cambió su enfoque y ahora planea hacer públicos los precios de medicamentos clave como el Veklury (remdesivir) y el Yescarta (axicabtagén ciloleucel), ambos del laboratorio Gilead.
Un aumento preocupante en el gasto farmacéutico
En 2023, el gasto total superó los 23.000 millones de euros, lo que pone de manifiesto la necesidad de una regulación más estricta en la fijación de precios para proteger las arcas públicas. La AAJM señala que los costes pagados actualmente por los medicamentos están muy por encima de los costes de producción.
La reciente prohibición de la venta del anticoagulante genérico Apixabán por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona es un ejemplo de cómo estas decisiones impactan en el sistema público. El restablecimiento del monopolio de Bristol Myers Squibb obligará a las comunidades autónomas a pagar un sobrecoste de 138 millones de euros al año, algo que la AAJM pide que se recurra para evitar un mayor gasto.
