El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acogido con satisfacción la disolución de las coaliciones gubernamentales entre el Partido Popular (PP) y Vox en las comunidades autónomas. Sánchez instó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a revocar las «contrarreformas» que han sido implementadas en el último año y le solicitó abandonar los acuerdos con el partido de Santiago Abascal en los ayuntamientos españoles.
La declaración tuvo lugar en Washington, tras la culminación de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), donde Sánchez prometió que los socialistas ejercerían una oposición «constructiva». Así mismo, el presidente aseveró que el apoyo de su partido a los gobiernos regionales administrados por el PP estará condicionado a las iniciativas políticas que dichos gobiernos implementen.
Sánchez expresó que el desenlace de la cooperación entre PP y Vox marca «un gran día para España», apuntando que, con estos cambios, España es «un país mejor». Subrayó su «alegría y felicidad» frente a esta situación, anticipando que en los próximos días surgirían debates sobre las repercusiones de esta nueva coyuntura política. Sin embargo, enfatizó que los verdaderos ganadores tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos son la «mayoría social de españoles y españolas».
El presidente también hizo hincapié en la necesidad de que el PP se distancie de las políticas aprobadas en compañía de Vox, en especial con respecto a la legislación en materia de inmigración. Concretamente, Sánchez instó a Feijóo a aceptar la reforma de la Ley de Extranjería, que haría obligatorio el reparto equitativo de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Esta solicitud emerge como consecuencia de la resistencia mostrada por Vox frente a esta política de reparto.
Sánchez sostuvo que la estrategia de establecer gobiernos de coalición con la «ultraderecha» ha resultado ser un fracaso y celebró que este giro político sea un paso adelante para el país. Según Sánchez, durante su existencia, las alianzas entre PP y Vox adoptaron políticas «ultraderechistas» que afectaron áreas clave como la violencia de género, la memoria democrática, los servicios sociales, la calidad de los servicios públicos, la transición ecológica y el cambio climático.
