En un paso que promete transformar el panorama del asesoramiento en inversiones, se ha emitido una orden ejecutiva destinada a proteger a los inversores estadounidenses de los influentes asesores proxy de propiedad extranjera, que, según se alega, están impulsados por agendas políticas más que por el interés de los accionistas. Este movimiento surge en medio de un creciente escrutinio sobre el impacto desproporcionado que algunas entidades pueden tener en las decisiones corporativas clave, desde la composición de las juntas directivas hasta las políticas de compensación de los ejecutivos.
Institucional Shareholder Services Inc. (ISS) y Glass, Lewis & Co., LLC, dos gigantes en la industria de asesoramiento proxy, controlan más del 90% del mercado, manejando el voto de acciones en nombre de millones de estadounidenses que invierten a través de fondos mutuos y ETFs. La situación ha generado inquietud, ya que su capacidad para influir en las decisiones de las empresas ha llevado a propuestas que abarcan desde auditorías de equidad racial hasta disminuciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos movimientos, basados en criterios de «diversidad, equidad y gobernanza ambiental», han suscitado críticas sobre si estas prioridades socavan los rendimientos financieros que deberían ser la principal preocupación de los inversores.
La nueva orden no solo busca redirigir la brújula hacia el interés financiero, sino que también enfatiza la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en el sector. En un contexto donde los ahorros de la jubilación de millones de estadounidenses están en juego, el presidente ha encomendado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) revisar y potencialmente rectificar regulaciones que puedan estar alineadas con estas agendas políticas.
Además, el Presidente ha solicitado a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que examine conductas anticompetitivas entre los asesores proxy, asegurando que los consumidores no sean perjudicados por prácticas engañosas o malintencionadas que podrían atentar contra sus inversiones. Se espera que estas revisiones incluyan un enfoque más riguroso sobre la divulgación de conflictos de interés y prácticas engañosas, en un intento por fortalecer la confianza del público en el sistema de inversiones.
Mientras el objetivo principal de esta orden es proteger los intereses financieros de los estadounidenses, también se inscribe en un análisis más amplio sobre cómo las políticas sociales y ambientales pueden influir en el rendimiento económico. Con la revisión de las normas que rigen la asesoría en inversiones, la administración busca equilibrar la responsabilidad social corporativa con el imperativo de maximizar el valor de las inversiones.
Así, en un momento en que las presiones para priorizar prácticas sostenibles están aumentando, la administración no solo intenta salvaguardar los intereses de los inversores, sino que plantea un debate fundamental sobre la naturaleza del capitalismo en el siglo XXI y el papel que deben desempeñar las empresas en la sociedad. La resolución de esta cuestión podría tener repercusiones significativas, determinando cómo se interactúa con los mercados y las empresas en un futuro cercano, mientras se intenta navegar por la delgada línea entre el interés público y los intereses económicos.
Fuente: WhiteHouse.gov
