El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que Castilla-La Mancha se posiciona como la tercera comunidad autónoma que más ha disminuido el peso de su deuda pública en relación con su Producto Interior Bruto (PIB) desde que Emiliano García-Page asumió la presidencia del Gobierno autonómico. Esta afirmación se basa en los datos presentados por el Banco de España en una rueda de prensa celebrada el lunes, donde se informó sobre el cierre del ejercicio presupuestario de Castilla-La Mancha en 2024.
Según los datos publicados por la entidad, la ratio de endeudamiento de Castilla-La Mancha ha disminuido en 6,3 puntos porcentuales, pasando de un 35,4% en junio de 2015 a un 29,1% a finales de 2024. Ruiz Molina subrayó que esta reducción es notablemente superior a la media nacional, que ha disminuido de un 23,7% a un 21,1% en el mismo período.
En cuanto al cierre del ejercicio presupuestario de 2024, Ruiz Molina anunció que Castilla-La Mancha ha finalizado con un superávit del 0,13% del PIB regional, lo que equivale a 76 millones de euros. Este resultado supera el compromiso del Gobierno regional de mantener un equilibrio presupuestario. El consejero apuntó que el superávit registrado representa una desviación positiva del 0,6% respecto al presupuesto que fue aprobado para el año, que ascendió a 12.473 millones de euros.
Además, Ruiz Molina declaró que este superávit significa que Castilla-La Mancha ha llevado a cabo uno de los mayores esfuerzos para corregir la situación presupuestaria en comparación con el ejercicio de 2023. Respecto a los ingresos, el consejero destacó que el grado de ejecución del presupuesto inicial fue del 97,53%, con una desviación mínima del 2,5%, lo cual considera un logro significativo.
El consejero también enfatizó que el Gobierno de García-Page se comprometió a una congelación fiscal, lo que implica que no se han incrementado impuestos durante 2024. De hecho, Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades autónomas con la presión fiscal más baja y menos impuestos propios.
En cuanto a los gastos, la ejecución respecto al presupuesto inicial fue del 93,75%, permitiendo gestionar 471 millones más que en el año anterior, lo cual se ha destinado a fortalecer el estado de bienestar, incluyendo áreas críticas como sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, el consejero mencionó que no se ha invertido en ayudas a empresas, algo que también requirió atención.
Ruiz Molina también destacó la eficiencia en el pago a proveedores, señalando que el periodo medio de pago se situó en 22 días, por debajo de la media nacional y de los 30 días establecidos por ley. A pesar de estos logros, el consejero advirtió sobre los recursos financieros insuficientes y el sistema de financiación autonómica que afecta negativamente a la comunidad, insistiendo en la necesidad de un nuevo modelo de financiación y el establecimiento de un fondo transitorio.
