Los eurodiputados Arba Kokalari y Michael McNamara ofrecieron el miércoles 29 de abril una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo tras una jornada de negociaciones con el Consejo sobre el llamado omnibus digital de inteligencia artificial. Las conversaciones se celebraron el martes en el marco del Comité de Mercado Interno y Protección al Consumidor y del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
En qué consiste el ‘omnibus digital’ de IA
El paquete normativo busca establecer un marco único para el uso de tecnologías de inteligencia artificial dentro de los Estados miembros de la UE. Abarca cuestiones de privacidad, seguridad y derechos fundamentales, y pretende fijar límites claros para usos sensibles como la vigilancia masiva o los sistemas de toma de decisiones automatizada que puedan afectar de forma significativa a las personas. La propuesta también incluye salvaguardias contra el uso negligente o malintencionado de la IA en sectores de alto riesgo.
Los dos ponentes principales son Kokalari, de centro derecha, y McNamara, de la familia socialdemócrata. Su liderazgo conjunto en la negociación busca lograr un texto con apoyos suficientes en el pleno, algo que en legislación tecnológica europea no siempre resulta sencillo. Ambos han defendido que la regulación no debe frenar la competitividad de las empresas europeas frente a sus rivales estadounidenses y chinas.
Puntos de acuerdo y discrepancias pendientes
La conferencia de prensa del miércoles tenía por objeto detallar qué puntos alcanzaron consenso en la reunión con el Consejo y cuáles siguen abiertos. Las instituciones europeas llevan meses trabajando en este texto, que complementa la Ley de IA aprobada en 2024 y que ahora busca adaptarse a los últimos avances tecnológicos, en particular el auge de los modelos de lenguaje de propósito general. La regulación europea de la IA ha generado interés global: si el marco se consolida, podría convertirse en referencia para otros bloques económicos, tal como ocurrió en su día con el RGPD en materia de privacidad.
En el plano internacional, la regulación tecnológica sigue siendo uno de los grandes frentes de los legisladores occidentales, como también se aprecia en el debate sobre nombramientos y políticas públicas en el Senado de Estados Unidos, que recientemente acapara la atención en medios internacionales.
Próximos pasos del proceso legislativo
Kokalari y McNamara habían anunciado que la rueda de prensa también serviría para dar un calendario orientativo de los siguientes hitos del proceso. La negociación entre el Parlamento y el Consejo sigue el procedimiento ordinario de trilógos, por lo que el texto aún puede modificarse antes de su aprobación definitiva. Una vez acordado, los Estados miembros tendrán un periodo de adaptación para trasladar las obligaciones a sus legislaciones nacionales.
Castilla-La Mancha, como el resto de comunidades autónomas españolas, estará sujeta a las mismas reglas que marque Bruselas en este ámbito. Empresas y administraciones públicas de la región que ya usen herramientas de IA en gestión documental, atención ciudadana o planificación de servicios deberán revisar su conformidad con el nuevo marco cuando entre en vigor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el ‘omnibus digital’ de inteligencia artificial de la UE?
Es un paquete normativo del Parlamento Europeo que establece un marco único de regulación para el uso de la IA en los países miembros, complementando la Ley de IA de 2024.
¿Quiénes son los ponentes principales de la negociación?
Los eurodiputados Arba Kokalari y Michael McNamara, que representan respectivamente al grupo de centro derecha y a los socialdemócratas en el Parlamento Europeo.
¿Qué ámbitos regula la normativa de IA de la UE?
Privacidad de datos, seguridad, derechos fundamentales y usos de alto riesgo como vigilancia masiva y toma de decisiones automatizada que afecte a personas.
¿Cuándo entrará en vigor la nueva regulación de IA en Europa?
Aún no hay fecha definitiva: el texto sigue en negociación entre el Parlamento y el Consejo. Una vez aprobado, los Estados miembros tendrán un plazo de adaptación para aplicarlo.
