El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, ha inaugurado este lunes el año judicial en la región, un evento que marcará su despedida como presidente, dado que tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) será nombrado un nuevo presidente para el alto tribunal castellanomanchego y él asumirá un nuevo rol en otro órgano judicial.
Durante su discurso, Rouco ha compartido su convicción sobre la justicia, afirmando que entró en este ámbito porque «creía en ella y sigo creyendo en ella». Ha expresado su satisfacción por haber ejercido su labor judicial, subrayando que simplemente participar en la justicia le ha brindado una profunda realización personal. “Es una creencia que me hace sentirme orgulloso”, ha señalado, también mostrándose agradecido por haber podido servir a Castilla-La Mancha durante su mandato.
En su intervención, Rouco ha agradecido la asistencia de autoridades locales y autonómicas, destacando la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, así como de su esposa María Ángeles, a quien ha calificado de “fiel compañera y prudente consejera” que le ha brindado apoyo constante.
El presidente también ha mencionado su conexión con localidades específicas, señalando la importancia de los alcaldes de la Puebla de Montalbán, Villarroledo y San Clemente, que él considera “como su segunda casa”. Estas referencias reflejan su compromiso con los municipios de la comunidad, donde ha trabajado para asegurar que la justicia llegue a todos los rincones de Castilla-La Mancha.
Rouco ha dedicado un momento especial para rendir homenaje a su ciudad, Albacete, declarando que representa su hogar y sus raíces. Ha descrito a Albacete como un lugar de tradición, hospitalidad y felicidad, resaltando su rol histórico como sede judicial desde 1834.
Visiblemente emocionado, el presidente ha reafirmado su fe en los derechos fundamentales y las libertades públicas, tal como están consagrados en la Constitución y en la Carta Europea de Derechos. Ha expresado su confianza en los jueces y tribunales, así como en su independencia y capacidad profesional, lo que garantiza que los ciudadanos recibirán respuestas justas y fundamentadas en el marco legal al acudir a la justicia.
