La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha expresado su preocupación por la falta de colaboración de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos en la implementación de normativas destinadas a combatir los pisos turísticos ilegales. En una reciente entrevista en ‘Antena 3’, Rodríguez citó como ejemplo a Andalucía, donde la nueva normativa para regular la vivienda de corta duración ha sido objeto de recursos legales.
La ministra indicó que, a pesar de que la regulación podría perjudicar a las plataformas que operan en este sector, estas mismas plataformas no han recurrido la medida. Rodríguez también resaltó que Andalucía, bajo la presidencia de Juan Manuel Moreno Bonilla, presenta el mayor volumen de viviendas turísticas ilegales en el país.
Además, Isabel Rodríguez criticó a la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, por amparar la ilegalidad en este ámbito. Señaló que el 83% de las viviendas que se han inscrito en el nuevo Registro Único de Alquileres se han registrado como vivienda temporal, a diferencia de la media nacional, donde el 78% corresponde a alojamientos turísticos.
La ministra afirmó que el principal partido de la oposición, el PP, parece no comprender la gravedad de las alteraciones en el mercado de alquiler, una situación que ha sido reconocida incluso por la presidenta de la Comisión Europea. En este contexto, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a plataformas digitales la existencia de 53.876 pisos turísticos ilegales, instándolas a retirar los anuncios de estos inmuebles que no cumplen con los requisitos legales establecidos desde el 1 de julio.
A partir del 1 de enero, el Registro único de alojamientos temporales ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico, de las cuales 53.786 han sido revocadas, lo que representa un 20,3%. Rodríguez concluyó su intervención enfatizando que cada piso turístico ilegal representa una familia desplazada de su vecindario y un joven que ve dificultada su emancipación, subrayando la necesidad de que todas las administraciones públicas trabajen juntas para abordar este problema.
