La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a las comunidades autónomas a incorporarse al plan de vivienda impulsado por el Gobierno central, que incluye financiación proveniente tanto de los Presupuestos Generales del Estado como de fondos de recuperación. En el caso de Castilla-La Mancha, esto representará una inyección de 130 millones de euros destinados a la adquisición y rehabilitación de vivienda.
Rodríguez, en declaraciones durante una entrevista en CMMedia, citadas por Europa Press, ha anunciado que este convenio firmado con el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, facilitará la construcción de 475 viviendas de alquiler social a precios asequibles dentro de la región. Ha destacado que esta medida es parte de los esfuerzos que realiza el Gobierno para implementar políticas públicas de vivienda que cuentan con un «esfuerzo presupuestario muy importante», y en las que se procura la colaboración con las autonomías y el sector privado.
Asimismo, ha señalado que los planes de vivienda en vigor varían en las distintas comunidades autónomas, adaptándose a las problemáticas y particularidades de cada una. Las 475 viviendas que se suman en Castilla-La Mancha vienen a complementar otras iniciativas que ya se habían acordado el año pasado, superando así las 840 viviendas con una inversión que excede los 42 millones de euros por parte del Ministerio.
La ministra ha enfatizado que estos proyectos no solo utilizan recursos de los Presupuestos Generales del Estado, sino que también se han añadido los fondos de recuperación generados como respuesta a la pandemia por parte del Gobierno de España. En esta ocasión, el modelo de alquiler social en Castilla-La Mancha se enfocará en viviendas con eficiencia energética y con una durabilidad garantizada de al menos 50 años, lo que representa un cambio significativo en el paradigma de la vivienda protegida.
Respecto a la posibilidad de alcanzar un gran pacto nacional por la vivienda, la ministra ha considerado que se trata de un desafío de gran envergadura al que deben responder todas las partes implicadas, incluyendo partidos políticos, sociedad civil, promotores, y administraciones locales, asegurando que percibe una voluntad general de enfrentar este problema y que cualquier aportación será bienvenida en esta «gran alianza».
En otros temas, al ser consultada acerca de un posible resurgimiento de la guerra por el agua, la ministra ha expresado que evita dar mucha atención a dichos conflictos y que el Gobierno central está abordando la situación mediante normativas e inversión pública, en lugar de entrar en disputas territoriales.
También se refirió a las manifestaciones de los agricultores, expresando que el Gobierno comprende sus demandas y que está trabajando en su favor, como lo demuestran la ley de cadena alimentaria y los más de 4.000 millones de euros en ayudas, de los cuales 1.350 millones son directos para el sector agrícola y ganadero. Ha añadido que se han puesto en marcha nuevas ayudas por sequía con un montante de 72 millones de euros para Castilla-La Mancha que beneficiarán a más de 33.600 explotaciones, y ha concluido afirmando el compromiso del Gobierno con el sector agrario.
