La muerte de Alex Pretti por parte de agentes federales en Mineápolis ha desatado una crisis sin precedentes para el segundo mandato de Donald Trump, erosionando su imagen y exponiendo fisuras entre sus aliados tradicionales. Este trágico suceso ha impulsado a la oposición política en un año electoral crítico y ha comenzado a inquietar a sectores conservadores que previamente respaldaban la dura política migratoria del presidente. Las acusaciones iniciales contra Pretti, presentado como un terrorista en las declaraciones oficiales, han sido desmentidas por las grabaciones que lo muestran tratando de ayudar a otro manifestante, lo que suscita dudas sobre la narrativa oficial.
Ante la creciente presión, Trump ha reaccionado aliviando a ciertos funcionarios y enviando a un alto mando a supervisar la situación en Mineápolis, lo que indica un cambio en su enfoque. Este giro ha sido impulsado por la necesidad de calmar las tensiones, no solo entre los votantes independentes que empiezan a cuestionar las tácticas del gobierno, sino también entre un creciente número de líderes republicanos que piden rendición de cuentas. La inquietud se ha extendido al Congreso y al ámbito empresarial, con dirigentes reclamando un enfoque más conciliatorio para evitar más violencia.
La situación también ha impactado la percepción sobre el derecho a portar armas, un tema sagrado en el conservadurismo estadounidense. La defensa oficial del uso de la fuerza por parte de los agentes, que se basó en que Pretti portaba un arma, ha provocado incluso el rechazo de entidades como la Asociación Nacional del Rifle, evidenciando la fragilidad de las alianzas políticas en este controvertido tema. Con las elecciones de medio término a la vista, el descontento crece y la administración Trump enfrenta un desafío significativo en la gestión de estos acontecimientos.
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