La Asociación de Municipios Ribereños ha mostrado su descontento con la reciente decisión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de proceder con un trasvase de 81 hm^3 para el período comprendido entre los meses de julio y septiembre. Este anuncio ha disparado la controversia, dado que la Asociación sostiene que la valoración de las cuencas receptora y cedente debe realizarse de forma mensual, y no trimestralmente como parece haberse planeado.
Este llamado a revisar periódicamente la situación hidrológica fue comunicado a través de un parte oficial de la Asociación, que pone en duda la coincidencia de este cambio con la demora en la actualización de las reglas del trasvase, pendiente desde febrero.
El presidente de la Asociación, Borja Castro, ha sido vocal en su petición de un seguimiento más frecuente, argumentando que las reuniones mensuales resultan esenciales para evaluar cada cambio y circunstancia que afecta a las cuencas. Castro ha expresado su confusión y contrariedad frente a la medida, insinuando que es posible que haya una intención de atenuar el debate continuo sobre los trasvases.
La posición de la Asociación no solo es crítica con la nueva temporalidad de las evaluaciones, sino también con los comentarios vertidos recientemente por el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez. Según las declaraciones de Castro, Jiménez habría restado importancia al trabajo técnico asociado a estos encuentros mensuales, señalando que las responsabilidades del día a día impiden a los trabajadores dedicar tiempo para tales reuniones.
Castro ha replicado de manera contundente, indicando que Jiménez parece no valorar el esfuerzo que implican los análisis constantes para el beneficio de la cuenca cedente, y lo acusa de privilegiar perspectivas políticas y económicas en detrimento de la integridad del Tajo y del Mar Menor, patrimonios que, según sostiene, se ven perjudicados por estos intereses.
La tensión entre ambas visiones refleja la compleja gestión y las sensibilidades existentes en cuanto a compartir recursos hídricos entre distintas comunidades, evidenciando una vez más el desafío de conciliar necesidades económicas con la sostenibilidad ambiental en la política de aguas de España. La discusión parece lejos de resolverse, mientras los municipios ribereños aguardan una respuesta acorde con sus demandas de una revisión más dinámica y responsable.
