La vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avanzado que las ayudas de funcionamiento en las tres provincias con menor densidad de población, Soria, Teruel y Cuenca, han beneficiado casi a 89.000 personas desde su aplicación el 1 de enero de 2023, y además se han firmado 4.550 contratos indefinidos.
En su intervención en el IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico, se ha mostrado convencida de que estas ayudas serán objeto de debate en esta cita congresual, por lo que ha destacado esos casi 89.000 beneficiarios con contrato indefinido con la bonificación del 5% en la cotización por contingencias comunes de la empresa que los lleve a cabo.
Hasta 4.550 contratos indefinidos se han firmado en el marco de la bonificación entre el 15 y 20 por ciento en empresas situadas en municipios de hasta 1.000 habitantes, ha precisado la ministra, destacando que se ha aumentado en un 63% la tendencia en este tipo de contratación, lo que «confirma» que las medidas del Gobierno «van en la buena dirección».
El Gobierno puso en marcha ayudas de funcionamiento en las tres provincias con menor densidad de población, Soria, Teruel y Cuenca, destinadas a reducir los costes laborales para las empresas en estas tres provincias.
Estas medidas se toman en consonancia con lo que aprobó la Comisión Europea en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional, que establece las intensidades máximas de ayudas para las provincias con una población por debajo del umbral de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Las ayudas de funcionamiento, permitidas dentro del marco comunitario, se instrumentan a través de una reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en los contratos indefinidos ya existentes y en los nuevos contratos indefinidos que se firmen, con mayor intensidad de la ayuda en los municipios de hasta 1.000 habitantes.
Se respalda la consolidación y creación de empleo a través de una reducción del 5% en la cotización por contingencias comunes de la empresa en todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial, del 15% en los nuevos contratos indefinidos y del 20% en nuevos contratos indefinidos en empresas situadas en municipios de hasta 1.000 habitantes.
