La reciente orden ejecutiva firmada por el presidente tiene como objetivo restaurar la competitividad de la industria pesquera estadounidense, un sector que, a pesar de su potencial, ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años. Con más de 4 millones de millas cuadradas de aguas ricas en recursos marítimos, Estados Unidos cuenta con una de las mayores y más abundantes reservas de pescado del mundo. Sin embargo, las regulaciones federales han restringido significativamente la capacidad de los pescadores para aprovechar estas oportunidades.
La industria pesquera estadounidense se encuentra en una encrucijada. La competencia desleal, las importaciones desmedidas y una regulación excesiva han colocado a los pescadores locales en desventaja, debilitando un mercado que debería ser robusto. Actualmente, cerca del 90 % del marisco disponible en los estantes de los supermercados proviene de importaciones, lo que ha llevado a un déficit comercial de más de 20 mil millones de dólares en el sector de los mariscos.
La nueva política busca modificar este panorama al reducir la carga regulatoria que enfrenta el sector. El presidente ordenó al Secretario de Comercio que, en colaboración con diversas agencias y autoridades del sector, evalúe y revise las regulaciones que limitan la capacidad de los pescadores, enfocándose en áreas específicas que requieren acción inmediata. Esta revisión está diseñada para fomentar una producción más eficiente y competitiva, mejorando el acceso a los mercados y promoviendo la rentabilidad económica.
Además, la orden ejecutiva busca desarrollar una «Estrategia de Mariscos de América Primero», que impulse la producción y promoción de los productos pesqueros estadounidenses en el mercado tanto doméstico como internacional. Este enfoque incluye la necesidad de educar al consumidor sobre los beneficios del marisco y fomentar su inclusión en programas de nutrición.
Otro componente vital de la estrategia es la auditoría de las prácticas comerciales de naciones productoras de mariscos, con un enfoque particular en la pesca ilegal y no regulada (IUU, por sus siglas en inglés), así como la explotación laboral dentro de la cadena de suministro. Esto incluye el compromiso de implementar nuevas tecnologías y métodos de recopilación de datos que permitan una gestión más efectiva de los recursos pesqueros, adaptándose a las condiciones cambiantes de los océanos.
Asimismo, se contemplan revisiones a los monumentos nacionales marinos con el fin de evaluar su apertura a la pesca comercial, asegurando que dicha medida no comprometa la preservación de elementos de interés histórico y científico.
Este enfoque integral tiene como objetivo no solo devolver la competitividad a la pesca estadounidense, sino también fortalecer la infraestructura económica de las comunidades costeras, donde esta industria es vital. Con la esperanza de que estas nuevas medidas traigan un cambio real, los pescadores y los defensores del medio ambiente observan de cerca la implementación de esta estrategia, consciente de que el futuro de la industria pesquera estadounidense podría depender de su éxito.
Fuente: WhiteHouse.gov
