En un movimiento que reafirma el enfoque crítico de la administración estadounidense hacia varias organizaciones de las Naciones Unidas, el presidente ha emitido una orden ejecutiva que suspende la participación y financiación de ciertas agencias de la ONU. Esta decisión llega en un contexto donde se cuestiona la efectividad y la alineación de esas entidades con los intereses nacionales de Estados Unidos.
Mucho se habla sobre el papel que la ONU ha jugado desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial, destinada a prevenir conflictos globales y promover la paz internacional. Sin embargo, la nueva directiva destaca que algunas de sus agencias han, según el gobierno, desviado sus funciones, integrándose a dinámicas que socavan tanto los intereses estadounidenses como los de sus aliados, y alimentando discursos de odio, como el anti-semitismo.
Las organizaciones seleccionadas para una revisión exhaustiva incluyen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC), la UNESCO y la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). La orden menciona, entre otros asuntos, que la UNRWA ha sido infiltrada por elementos vinculados a grupos terroristas y que algunos de sus empleados han estado implicados en ataques a Israel. Por otro lado, se critican prácticas del UNHRC que, según el gobierno, han permitido que abusadores de derechos humanos utilicen el organismo como escudo.
En términos concretos, la orden estipula que Estados Unidos se retirará de la UNHRC y se detendrá la búsqueda para obtener un puesto en este consejo. Asimismo, el Secretario de Estado procederá a disolver la representación estadounidense en esa organización. La revisión de la membresía en UNESCO será completa en los próximos 90 días, enfocándose especialmente en la postura de la organización respecto a Israel y el antisemitismo.
En un apartado crucial sobre la financiación, se ordena que las agencias federales dejen de hacer cualquier tipo de pago a la UNRWA. Esta medida se acompaña de otra revisión más amplia de las organizaciones internacionales en las que Estados Unidos participa, dentro de un marco de 180 días, con el objetivo de identificar cuáles de ellas son contrarias a los intereses estadounidenses. Se espera que esta revisión genere recomendaciones sobre futuras retiradas de tratados o convenciones.
El Secretario de Estado deberá notificar al Secretario General de la ONU y a otros líderes relevantes sobre la decisión de suspender financiamiento. La orden, que entra en ejecución inmediata, subraya que ninguna de las disposiciones debería ser interpretada como un derecho legal; su implementación dependerá de la disponibilidad presupuestaria.
El anuncio de esta estrategia refleja no solo un cambio en la política exterior de Estados Unidos, sino también un desafío a las estructuras internacionales que han sido fundamentales desde el final de la guerra. Con la administración comprometida en revisar su papel en el sistema global, la distancia con algunas de estas organizaciones podría reconfigurar la dinámica de las relaciones internacionales en el futuro cercano.
Fuente: WhiteHouse.gov
