El 9 de abril de 2025, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que modifica los aranceles recíprocos con el objetivo de abordar las represalias comerciales de varios socios y responder a la creciente presión económica derivada de los desequilibrios comerciales persistentes. Esta decisión se enmarca dentro de un contexto de emergencia nacional declarada en un orden previo, en la que el mandatario identificó amenazantes déficits comerciales anuales que impactan la seguridad nacional y la economía estadounidense.
El nuevo decreto llega tras el anuncio del Consejo de Estado de la República Popular China, que impuso un arancel del 84% sobre todas las importaciones provenientes de Estados Unidos como respuesta a acciones comerciales previas. Como resultado, el presidente decidió que era necesario elevar temporalmente el arancel aplicable a las importaciones chinas al 125%, en un intento de ejercer presión sobre el gigante asiático y corregir las prácticas comerciales no recíprocas que, según argumenta el gobierno, afectan desproporcionadamente a la manufactura estadounidense.
En un giro más positivo, más de 75 socios comerciales, en contraste con la postura de China, han comenzado a colaborar con Estados Unidos para abordar y remediar las prácticas comerciales desiguales. Por lo tanto, el nuevo decreto contempla la suspensión de las tarifas individuales para esos socios durante un periodo de 90 días. Esto permitirá que se impongan, en su lugar, una tarifa adicional del 10% sobre los productos importados desde esos países, fomentando así un entorno más equitativo antes del próximo encuentro de negociaciones comerciales.
En su orden, el presidente también estableció modificaciones en la «Harmonized Tariff Schedule of the United States» (HTSUS), con efectos inmediatos que reflejan una estrategia más agresiva hacia los proveedores que no cumplen con los estándares de reciprocidad. Por ejemplo, ciertas categorías de productos se verán afectadas por un incremento en los aranceles que podría dificultar la importación de bienes desde China, buscando equilibrar la balanza comercial.
El ejecutivo ha delegado a varias agencias federales, incluyendo el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la responsabilidad de implementar estas medidas, hablando del compromiso gubernamental para hacer cumplir estas políticas y adaptarlas según sea necesario frente a un escenario comercial dinámico.
Este enfoque reformista busca no solo responder a las represalias chinas, sino también alinear relaciones comerciales con otras naciones que están dispuestas a corregir sus políticas en favor de un comercio bilateral más justo. La Casa Blanca enfatiza que aunque estas medidas son severas, son vistas como imprescindibles para salvaguardar la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos en tiempos de creciente competencia global.
Fuente: WhiteHouse.gov
