La Administración Trump ha efectuado un giro sorpresivo al anular una orden presidencial que buscaba congelar todas las subvenciones federales, una decisión que apenas días después de su implementación ha sido rescindida, reveló la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca. La cancelación de la orden M-25-13, dirigida originalmente por Donald Trump, se produce después de que un juez bloqueara temporalmente la medida, evidenciando una batalla legal inminente que el Gobierno parecía estar dispuesto a enfrentar.
La controversia se desató el martes, cuando desde la oficina ejecutiva de la presidencia se solicitó una pausa en «todas las actividades relacionadas con obligaciones o desembolsos de toda la ayuda financiera federal». Esta pausa, defendida por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, con la afirmación de que el Gobierno estaba «preparado para librar esta batalla en los tribunales», inquietó a numerosas organizaciones y beneficiarios de estos fondos.
Entre las repercusiones inmediatas de la orden estuvo la desestabilización de sistemas de pago federales, afectando gravemente al programa de seguro de salud pública Medicaid y a agencias de vivienda pública, que se vieron imposibilitadas de acceder a financiación vital. La revocación de esta directiva ha, por tanto, evitado potencialmente graves trastornos en varios sectores que dependen del soporte federal.
La justificación del Gobierno para la medida se centró en la necesidad de asegurar que todos los fondos federales se adhirieran a las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump, las cuales incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). A su vez, la interrupción planteada habría puesto en peligro el desembolso de miles de millones de dólares destinados a una amplia gama de programas, desde préstamos estudiantiles hasta la investigación en salud, la asistencia alimentaria y los recursos para veteranos y personas con discapacidades, además de afectar a las zonas afectadas por catástrofes naturales en California y Carolina del Norte.
A pesar de la marcha atrás del Gobierno, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se mantuvo cauteloso, señalando que aunque la derogación de la orden es una victoria, el presidente podría buscar otras vías para implementar cambios. Schumer elogió la respuesta de la ciudadanía y los distintos sectores involucrados, destacando que la presión pública fue determinante para que el Gobierno de Trump reconsiderara su posición.
Este episodio refleja la compleja interacción entre las intenciones de la Administración Trump y la resistencia tanto legal como pública a medidas consideradas por muchos como contraproducentes para el tejido social y económico de Estados Unidos. Con la rescisión de la orden M-25-13, la Administración da un paso atrás en una iniciativa que hubiera tenido profundas repercusiones en diversos ámbitos de la sociedad estadounidense.
