El Departamento de Eficiencia del Gobierno ha dado a conocer preocupantes cifras relacionadas con la política migratoria de la administración Biden. Según el informe, desde 2023, la Patrulla Fronteriza ha admitido en Estados Unidos a más de 6,300 individuos a quienes se les concedió un estatus de “parole” (permiso temporal) a pesar de estar en la lista de vigilancia de terroristas del FBI o tener antecedentes penales. Esta decisión ha generado un debate intenso sobre los procedimientos de control y seguridad en las fronteras del país.
Los números son alarmantes. De los 6,300 extranjeros que recibieron este estatus, 905 han estado recibiendo Medicaid, incluyendo a cuatro que están en la lista de vigilancia de terroristas. Hasta la fecha, se han desembolsado cerca de 276,000 dólares en beneficios de salud a estos individuos. Además, 41 de ellos han accedido a seguros de desempleo, recibiendo un total de 42,000 dólares en beneficios. El informe también revela que 22 paroled aliens han recibido préstamos estudiantiles federales que suman 280,000 dólares, y 409 han recibido reembolsos de impuestos para el año fiscal 2024 que alcanzan los 751,000 dólares. La cifra de migrantes que han recibido beneficios de asistencia alimentaria, como el programa SNAP (cupones de alimentos), aún está pendiente de ser confirmada.
Estos hallazgos han intensificado las críticas hacia la gestión de la frontera por parte de la administración actual, particularmente en lo que respecta a las garantías de seguridad. Los opositores argumentan que estas políticas no solo vulneran la seguridad nacional, sino que también desvían recursos esenciales destinados a ciudadanos en situación de necesidad.
Como respuesta a estas revelaciones, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha tomado decisiones drásticas, incluyendo la terminación inmediata del estatus de parole para quienes se encuentran en esta situación.
Con el creciente escrutinio de estos procesos, se anticipa que las tensiones entre grupos a favor y en contra de la inmigración se intensificarán en los próximos meses. La situación enfatiza la necesidad de una revisión integral de las políticas migratorias y la implementación de medidas más estrictas para garantizar la seguridad en el país. Esta polémica se suma a un debate más amplio sobre la inmigración y el acceso a los recursos públicos, un tema que ha sido un punto focal en la política estadounidense contemporánea.
Fuente: WhiteHouse.gov
