El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, en rueda de prensa ha revelado que el consistorio tendrá que afrontar el pago de entre 800.000 y 900.000 euros en intereses de demora derivados de una expropiación urbanística relacionada con el Plan de Actuación Urbanística de Aguamarga (posteriormente denominado “Poblado 3”, donde actualmente se ubica el supermercado Family Cash).
Este pago, que se suma a los más de 2 millones de euros ya abonados entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, es consecuencia de una sentencia firme de 2019 que los anteriores gobiernos no hicieron pública ni trasladaron a la ciudadanía. Las cantidades totales a pagar por esta operación alcanzan los casi 3 millones de euros.
“El problema no es solo la deuda, sino la falta de transparencia. Durante años, los gobiernos del PSOE y sus socios, como Izquierda Unida, han ocultado esta situación a los ciudadanos”, ha afirmado el alcalde. “Estamos levantando documentos de los cajones. Nos enteramos de sentencias ya firmes, pagos realizados sin explicación y reclamaciones judiciales que siguen llegando. Esta es la herencia que nos han dejado”.
Cronología de los hechos
En 2010 se inicia el plan de actuación urbanística de Aguamarga. En 2011, el Jurado Regional valora las parcelas a expropiar en 400.319,64 € y 743.654,48 €. Los propietarios recurren judicialmente, y en 2016, la sentencia eleva las valoraciones a 1.250.658,15 € y 1.968.329,92 €. La sentencia es ratificada en julio de 2019. Entre tanto, la empresa Aguamarga presenta concurso de acreedores y el Ayuntamiento se ve obligado a pagar la diferencia de lo que dicta la sentencia. Sin embargo, no es hasta finales de 2022 y principios de 2023 cuando se realizan los pagos: 850.338,50 € y 1.224.675,44 €
Los pagos realizados entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 ascendieron a 2.075.013,94 euros, a los que ahora se sumarán los intereses. A día de hoy, el Ayuntamiento sigue pendiente de abonar casi un millón de euros en intereses por demora.
“Pagamos una sentencia millonaria y los vecinos lo único que tienen a día de hoy es una zona verde y un parque infantil. ¿Alguien se ha preocupado de si esos terrenos han revertido al Ayuntamiento? Esa es la pregunta que me hago. A día de hoy, en Catastro siguen figurando como suelo rústico. Pagamos como si fuera urbano, y figura como rústico. Esa es la gestión que heredamos”, ha denunciado el alcalde.
“Nadie del anterior gobierno ha explicado por qué se demoraron los pagos ni por qué ocultaron la sentencia de 2019”, ha denunciado el alcalde. “Y seguimos encontrándonos con más casos”.
Más deudas judiciales ocultas: casos de otras expropiaciones
A este caso se suma el de la empresa Daya 2000 S.L., relacionada con una expropiación de terrenos y una nave junto al cementerio. El Ayuntamiento tuvo que pagar casi 820.000 € por una parcela de 8.000 m² y una nave industrial de 300 m² con más de 20 años de antigüedad.
“Esto es solo una parte del total”, ha advertido el alcalde. “Todavía tenemos asuntos pendientes como el proyecto CLIME, el Palacio de Exposiciones y Congresos, terrenos del cementerio y otros procedimientos judiciales abiertos o con sentencia firme”.
El regidor ha relatado cómo casos como Aguamarga, Daya 2000, Dulcinea o el CLIME han salido a la luz “únicamente porque este equipo de gobierno está buscando en los cajones del Ayuntamiento toda la documentación que durante años fue silenciada”.
Compromiso con la transparencia
El alcalde ha reafirmado su compromiso con la transparencia absoluta: “Vamos a seguir explicando a los vecinos todo lo que se ha pagado, por qué, cuándo y por culpa de quién. Este es el coste real de la mala gestión socialista”.
En apenas dos años, el actual equipo de gobierno asegura haber devuelto 22 millones de euros de deuda, y seguirá trabajando para sanear las cuentas públicas: “Cada vez que abrimos un cajón encontramos una sentencia o una deuda. Pero vamos a seguir trabajando, con la cabeza alta, para que esta ciudad brille de nuevo”, ha concluido el alcalde.
El caso CLIME: otra bomba económica en camino
Respecto al proyecto de eficiencia energética CLIME, el alcalde ha adelantado que podría suponer otros 7 millones de euros de gasto para el Ayuntamiento. “Una revisión de precios más un modificado aprobado y luego rescindido podrían costarnos entre 2,5 y 3 millones más. Esto es lo que firmaron quienes presumían de eficiencia”, ha ironizado.
“Pagamos más, vemos menos. ¿Dónde está el ahorro económico del CLIME? ¿Dónde está la eficiencia de la que tanto presumieron?”, se preguntó.
La gestión del agua y más “herencias”
El alcalde ha acusado al PSOE de haber firmado un acuerdo con Aquaes en 2019 que compromete al Ayuntamiento a pagar anualmente más de 800.000 €, sin que las infraestructuras pasen a titularidad municipal. “El ciclo integral del agua lo pagamos los vecinos, pero los bienes se los queda el Ministerio. Eso fue lo que firmaron. Una vez más: pagamos, pero no somos propietarios de nada”.
Además, ha denunciado que el canon del agua que recauda la Junta se traduce en casi 1 millón de euros anuales que los vecinos pagan. Aunque se está pidiendo su reversión para compensar inversiones que nunca se realizaron.
Finalmente, ha reclamado a la Junta que termine las obras de actuación del Polígono La Nava, «comprometidas y no terminadas por más de 2 millones de euros. A su vez pidió el alcalde a la Junta que se comprometan a terminar la fase B de ampliación de La Nava III donde poder disponer de servicios para seguir albergando la instalación de nuevas empresas.
Por otro lado, el alcalde ha informado de que “hoy mismo hemos recibido el convenio firmado con la Junta y la Diputación para el Paseo del Bosque. Curiosamente la firma ha sido telemática, cuando podríamos haberla hecho presencialmente, ha lamentado. En 2026 esperamos poder inaugurarlo ha concluido el alcalde. Pese a todo el alcalde manifestó su voluntad de seguir trabajando para “conseguir la ciudad próspera que todos soñamos”.
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