Ante el previsible aumento de la carga hospitalaria y de los servicios sanitarios de atención primaria durante las próximas semanas con motivo de la tercera ola de Covid-19, Amnistía Internacional denuncia cuatro errores cometidos durante la gestión de la pandemia en las residencias y propone que se desarrolle una ley para evitar que se sigan violando los derechos humanos de las personas mayores.
Las Comunidades Autónomas deben garantizar que las residencias cumplen los acuerdos alcanzados en diciembre pasado en el Consejo Interterritorial de Salud, donde se estableció un régimen de visitas que garantiza contacto regular entre residentes y sus familias.
Las personas mayores tienen derecho a la privacidad y a la vida familiar y no pueden ser condenadas al ostracismo y a la soledad por tener una determinada edad o ser dependientes. Las autoridades deben velar porque estos derechos se respetan y no se vulneran, algo que no hicieron durante la primera ola de Covid-19, al menos en las comunidades de Madrid y Cataluña. Este es el primer error que no puede volver a producirse.
A este respecto, en Madrid y Cataluña, familiares y asociaciones se muestran muy críticas y afirman que los regímenes de visitas siguen siendo algo muy deficitario y muchas residencias continúan actuando con total discrecionalidad. “Han llegado a establecer en algunos casos visitas de media hora, en otros, ante brotes, directamente los cancelan. El estado emocional de muchos residentes es malo, sin poder tener contacto directo ni cercano con sus familiares; tampoco los medios telemáticos resultan efectivos, porque muchos residentes no saben usarlos, y hay falta de personal para realizar las llamadas”, aseguran sus portavoces.
La Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas deben supervisar e inspeccionar de forma habitual las residencias, con el objetivo de establecer una adecuada rendición de cuentas ante posibles abusos
Pese a que, según informaciones aparecidas en medios de comunicación, algunas comunidades autónomas han aumentado las inspecciones en las residencias durante los últimos meses, en general no existe suficiente información pública actualizada al respecto ni sobre sus resultados, ni por parte de Fiscalía General del Estado ni por parte de las consejerías de las comunidades autónomas. Los últimos datos publicados por la Fiscalía General del Estado son de julio de 2020 y existe una ausencia generalizada de datos públicos sobre el número de inspecciones realizadas por los gobiernos autonómicos. Este es el segundo error que debe subsanarse.
Tras la toma de posesión de la nueva fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, Amnistía Internacional insta a la Fiscalía a supervisar la realización de inspecciones. Hasta donde sabe la organización, actualmente y desde hace meses, las fiscalías no realizan visitas presenciales a los centros residenciales, algo que sería esencial para poder obtener información sobre la situación real de las personas mayores en las residencias.
Las autoridades deben garantizar las evaluaciones clínicas individualizadas de las personas mayores que viven en residencias así como la derivación hospitalaria cuando así lo decida el criterio médico.
La no derivación de personas mayores a centros hospitalarios constituye el tercer error que no debería repetirse en esta tercera ola. La organización ha comprobado que ahora mismo no están vigentes de facto los protocolos de no derivación sistemática de personas mayores a centros hospitalarios, como sí ocurrió durante la primera ola de Covid-19. En aquel momento, muchas personas mayores con necesidad de asistencia sanitaria no fueron trasladadas a los hospitales, muriendo algunas de ellas en soledad en las propias residencias.
Amnistía Internacional mantiene una interlocución directa con las autoridades de Madrid y Cataluña que han asegurado que no están aplicando criterios discriminatorios en las derivaciones a hospitales de las personas mayores. La organización ha solicitado a ambas comunidades que se establezca de forma expresa y clara que las instrucciones y criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios no pueden contener elementos discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria.
La aplicación de vacunas a personas en residencias debe realizarse de forma urgente, prioritaria y efectiva
El inicio de la vacunación con la primera dosis puesta a una persona de 96 años que vive en una residencia debe convertirse en un compromiso real con este colectivo y no en un mero efecto publicitario que condene a las personas mayores a sentirse otra vez como personas de segunda categoría. Este es el cuarto error que debe evitarse.
En este sentido, la Consejería de Sanidad de Madrid ha confirmado a Amnistía Internacional que está previsto que el 25 de enero se haya aplicado la primera ronda de vacunas en todas las residencias de la comunidad.
En lo que respecta a Cataluña, desde el Departament de Salut han trasladado a la organización que actualmente se ha suministrado la primera dosis a un 75% de personas residentes y 55% de personal de residencias, y que en los próximos 10 a 15 días se habría alcanzado ya el 100% de residencias.
Una propuesta para evitar estos errores y consolidar un modelo residencial respetuoso con los derechos humanos
Frente a esta situación, es necesario que el Gobierno central impulse la tramitación de una ley a nivel estatal, con perspectiva de derechos humanos y de género, en línea con los estándares internacionales, que establezca un modelo residencial que garantice los derechos humanos de las personas residentes en todo el Estado.
Las personas mayores tienen derechos humanos y el Estado debe protegerlos por igual independientemente de la edad, del grado de dependencia, del lugar de residencia o de cualquier otra circunstancia.
