Un tribunal británico impone medida cautelar contra Aena debido a las indemnizaciones pendientes por recortes en primas energéticas
El Estado español enfrenta un nuevo desafío judicial, esta vez en el Reino Unido, donde un tribunal ha decidido embargar la participación de Aena en el aeropuerto de Luton, Londres. Aena, que posee el 26,01% del usufructo del aeropuerto, ha sido afectada por esta medida cautelar como consecuencia de los recortes en las primas energéticas renovables que España implementó años atrás.
La medida es resultado de uno de los 26 laudos pendientes de pago que España debe afrontar, valorados en más de 1.200 millones de euros en total. El gigante energético NextEra Energy es uno de los afectados, habiendo solicitado a los tribunales británicos la ejecución de un laudo de 291 millones de euros dictaminado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial, para compensar las pérdidas sufridas en dos plantas termosolares en Extremadura.
Implicaciones para Aena y el Estado español
Aena, cuyo 51% es propiedad de la sociedad pública Enaire, ha sido perjudicada por esta medida debido a su conexión con el Estado español. En julio pasado, Enaire ya enfrentó otro embargo en Bélgica, solicitado por el fondo Blasket Renewable Investments, relacionado con transferencias de tasas de ruta y terminales recaudadas por Eurocontrol.
Elena Roldán, secretaria del Consejo de Administración de Aena, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la empresa no había sido notificada oficialmente de las medidas cautelares. Roldán aseguró que Aena llevará a cabo las comprobaciones necesarias y defenderá sus intereses, así como los de sus filiales y accionistas, de manera legal.
Historial de embargos y resistencias
Este no es el primer embargo que el Estado español enfrenta debido a recortes en primas renovables. Organismos como el Instituto de Cervantes y el Instituto Español en Londres también han sido objeto de medidas similares. El embargo en el aeropuerto de Luton implica la pérdida temporal de un activo que generó 194 millones de euros en ingresos y 75 millones de euros en ebitda durante el primer semestre del año.
Esta situación pone de relieve las complejas ramificaciones legales y financieras de las decisiones de política energética tomadas por España en el pasado, y cómo estas continúan afectando a las empresas y activos vinculados al Estado español en el extranjero.
