Los alcaldes del Partido Popular (PP) en Castilla-La Mancha han mostrado su descontento ante la introducción de un nuevo canon del agua por parte del Gobierno regional, el cual, según ellos, deja a los ayuntamientos en una posición de vulnerabilidad financiera y de gestión. En una rueda de prensa efectuada el lunes, tanto el senador y vicesecretario del área de Territorial del PP, Israel Pérez, como el presidente del Comité de alcaldes del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Blanco, expresaron sus inquietudes respecto a la medida.
Pérez criticó al ejecutivo encabezado por Emiliano García-Page, aludiendo a su iniciativa de imponer impuestos ambientales adicionales, que incluirían un canon de aducción y depuración y otro en alineación con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. La expectativa de recaudación asociada a estos cánones es de 38.290.600 euros; un monto que, según Pérez, repercutirá directamente en las economías de familias, empresas y ayuntamientos, traduciéndose en aproximadamente 20 euros por persona al año.
Pérez hizo hincapié en que estas medidas fiscales se aplican en un momento de dificultad económica para los ciudadanos y acusó al Gobierno de Page de posponer su implementación hasta después de las elecciones, sugiriendo que tal decisión fue tomada por conveniencia política en lugar de por el bienestar de la comunidad.
Por otro lado, se mencionó que comunidades vecinas como Madrid y Castilla y León no han adoptado estos cánones, lo que sugiere una discrepancia en la gestión ambiental entre distintas regiones españolas.
Por su parte, Blanco criticó la nueva carga fiscal y la describió como una estrategia para «ahogar a los vecinos de la región»; además, subrayó que el impuesto aplicaría para cualquier tipo de uso o consumo de agua. También recalco la circunstancia de que la Agencia del Agua, presidida por el PSOE, delega la responsabilidad de la gestión y recaudación del nuevo canon a los ayuntamientos, una acción que Blanco compara con el dicho «yo invito, tú pagas».
Finalmente, Blanco comparó la situación fiscal de Castilla-La Mancha con la de la Comunidad de Madrid, donde se están eliminando tributos, y argumentó que la creación de nuevos impuestos es parte intrínseca de la política del PSOE.
Desde el PP de Castilla-La Mancha han manifestado su intención de combatir la aplicación de este nuevo impuesto del agua y han hecho un llamado al Gobierno regional para detener lo que ellos consideran «este sinsentido». El partido argumenta que esta ley tributaria no sólo impondrá una mayor carga económica a los ciudadanos, sino que, a su juicio, no contribuirá a mejorar ni la cantidad ni la calidad del agua suministrada.
