La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado la necesidad de reforzar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) en España, durante una presentación de un informe realizado por el Instituto de las Mujeres. Redondo ha señalado que, a pesar de los avances, existen «muchas desigualdades» en el acceso a este derecho que varían dependiendo de factores territoriales, sociales y económicos.
Redondo ha comentado que las diferencias en el acceso a los servicios de aborto son particularmente pronunciadas en comunidades como Madrid, donde la externalización del servicio es casi total. «Esa diferencia atenta contra la igualdad en el acceso a los derechos de la propia Constitución», ha afirmado. La ministra ha sugerido que, a futuro, podría ser beneficioso contemplar la posibilidad de blindar el derecho al aborto en la Constitución, tal como se ha hecho en Francia, para protegerlo de los obstáculos administrativos que enfrentan las mujeres.
El informe también aborda el impacto de la objeción de conciencia, que según las autoras, a menudo se manifiesta incluso antes de que se realice la interrupción. Esto genera una «gran barrera» a la hora de acceder a la información necesaria para tomar decisiones informadas. Las autoras del texto han solicitado una regulación que impida que la objeción de conciencia interfiera con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo de forma segura.
Además, Redondo ha mencionado el «acoso» al que están expuestas las mujeres en clínicas abortivas, señalando la dificultad de regular la presencia de asociaciones antiabortistas en las cercanías de estos centros. Ha reconocido el desafío de encontrar un equilibrio entre derechos en conflicto, pero ha asegurado que se está trabajando en normativas que podrían prohibir la apertura de centros antiabortistas junto a clínicas.
Lucía Candeira de Andrés, coordinadora del informe, ha apuntado que el acceso al aborto está marcado por las diferencias entre zonas urbanas y rurales, así como por la creciente dependencia del sector privado. Más del 80% de las interrupciones voluntarias se realizan en clínicas privadas, cuyos costos pueden resultar prohibitivos para muchas mujeres. En Castilla La Mancha, por ejemplo, todos los abortos se derivan a solo dos clínicas privadas, lo que obliga a muchas mujeres a realizar largos desplazamientos.
Candeira ha destacado que la situación se agrava por el estigma social y la falta de formación especial para los profesionales sanitarios, lo que genera «itinerarios muy complejos» y derivaciones «innecesarias». Por su parte, Laura Selena de Andrés, de la Junta Directiva de Federación Mujeres Jóvenes, ha presentado propuestas para mejorar el acceso al aborto, instando a garantizar su realización en el SNS de manera feminista, minimizando la dependencia de clínicas privadas.
Entre las recomendaciones se incluyen la eliminación de juicios morales en el trato, la simplificación de procesos administrativos, la atención específica para grupos vulnerables y la priorización del acceso a mujeres con discapacidad. También se ha insistido en la importancia de implementar educación sexual integral en el sistema educativo y en la necesidad de asegurar que organismos contrarios a los derechos sexuales y reproductivos no interfieran en este ámbito.
El informe concluye con un llamado a asegurar que el derecho a decidir no solo se ejerza dentro de la clínica, sino que se empiece a construir desde la educación y la sensibilización en la sociedad.
