El Gobierno Federal de los Estados Unidos, reconocido como el mayor comprador de bienes y servicios en el mundo, enfrenta un desafío considerable en su sistema de adquisiciones, cuyo armazón burocrático ha crecido a lo largo de más de cuatro décadas. La implementación del Reglamento de Adquisición Federal (FAR, por su sigla en inglés) tuvo como objetivo establecer procedimientos uniformes para las compras a través de los departamentos y agencias, pero su evolución ha dado lugar a un régimen sobrecargado de regulaciones que complica el proceso.
La reciente orden ejecutiva insta a una reforma integral del FAR, dada la creciente insatisfacción que se ha expresado en numerosos informes sobre la ineficiencia del sistema de adquisiciones. Un estudio del Comité del Senado y un informe de un panel asesor subrayan que el FAR, lejos de facilitar, obstaculiza el negocio con el Gobierno Federal, impactando directamente en la gestión de casi un billón de dólares en adquisiciones anuales de los contribuyentes.
La orden subraya la necesidad de construir un sistema de adquisiciones más ágil y eficaz, eliminando las regulaciones innecesarias que obstaculizan el comercio relacionado con la defensa y el desarrollo industrial. Este proceso comenzará a implementarse en un plazo de 180 días, donde se les exigirá a los líderes de las agencias que colaboren para ajustar el FAR y remover disposiciones que no sean esenciales o requeridas por la ley.
Además, se establece un mecanismo de «atardecer regulatorio», donde se evaluarán las regulaciones existentes del FAR, planteando que aquellas que no sean necesarias expiren al cabo de cuatro años a menos que se renueven. Esta estrategia busca reducir la burocracia, optimizar recursos y restaurar la confianza del público en el sistema de adquisiciones del Gobierno.
La urgencia de este cambio se ve sustentada por la realidad de que la ineficacia en las adquisiciones afecta no solo a productos comerciales, sino también a sistemas de defensa vitales. La administración señala que es imperativo transformar el tejido normativo del FAR para que no impida el objetivo primordial de atender las necesidades de los ciudadanos de manera eficiente.
Con esta reforma en camino, el Gobierno busca no solo alinear sus prácticas de compras con el interés del contribuyente, sino también establecer un proceso que favorezca la innovación y el crecimiento dentro de un sector que representa una parte significativa de la economía nacional. La esperanza es que, al restaurar un sentido común en las adquisiciones federales, se podrá liberar un mayor potencial para el desarrollo económico y la dedicación de recursos a áreas prioritarias.
Fuente: WhiteHouse.gov
