Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha expresado su preocupación ante la confirmación de sus previsiones negativas sobre la implantación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo coste para las instituciones académicas se estima actualmente en 844 millones de euros. Los rectores de las universidades españolas han llegado a esta cifra tras un análisis del impacto económico que tendría la aplicación de la LOSU, contradiciendo los 54 millones de euros inicialmente estipulados en la Memoria de la ley.
Este dato fue evidenciado a través de una publicación en la red social X y se basa en un artículo previamente redactado por Garde, en el que ya señalaba que la LOSU no era la legislación que las universidades requerían. El estudio titulado ‘Financiación Pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario’ fue presentado por Crue Universidades Españolas y llevado a cabo por José Antonio Pérez, de la Universitat Politècnica de Valencia, y Juan Hernández, de la Universidad de Jaén.
De acuerdo con este informe, las universidades públicas tendrán que afrontar importantes costes directos derivados de la aplicación de la LOSU. Se destaca que tan solo en el año 2024, las universidades deberán contar con una partida de al menos 225 millones de euros para hacer frente a las limitaciones horarias docentes, mientras que para el año 2030 los costes adicionales en cuestión de contrataciones permanentes y reducción de temporalidad se estiman en 424 millones de euros.
Además, se espera que las universidades asuman anualmente los costes de la Seguridad Social para los jubilados que hasta ahora habían sido cubiertos por el Estado, lo que representaría un incremento de 195 millones de euros. La CRUE advierte que de no disponerse de esta financiación, la LOSU se volvería inaplicable y que es necesario incluir créditos adecuados en los Presupuestos Generales del Estado para 2024.
El estudio arguye que la Administración central debe ser la principal responsable de proporcionar los fondos para cumplir con el incremento de gasto público en educación hasta llegar al 1% del PIB como refleja la LOSU. También sugiere una mejora en becas y ayudas al estudio, enfocadas particularmente en familias con ingresos bajos, con una inyección de fondos cercano a los 1.000 millones de euros.
La CRUE señala la necesidad de considerar las disparidades regionales en el PIB per cápita español para asignar recursos equitativamente, priorizando el principio de equidad. Subraya que la Administración central tiene competencias para desarrollar programas sectoriales de financiación universitaria y enfatiza que no debería esperarse que el mayor esfuerzo presupuestario proceda de los gobiernos regionales.
El informe también refleja que, entre 1996 y 2020, las comunidades autónomas han incrementado significativamente su inversión en política universitaria, en contraste con un leve aumento en los recursos no financieros del sector público autonómico. La Crue considera que la financiación universitaria no ha seguido un principio de equidad históricamente y que el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas para subsanar la falta de recursos es notable.
Finalmente, la presidenta de Crue Universidades Españolas, Eva Alcón, ha enfatizado la importancia de que el Estado provea de recursos adicionales a las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la LOSU, destacando que sigue siendo incierto cómo se llevará a cabo el incremento de la financiación necesaria para alcanzar el objetivo del 1% del PIB en el sistema universitario.
