Un nuevo decreto presidencial ha sido emitido con el objetivo de reestructurar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Bajo la autoridad conferida por la Constitución, el presidente ha establecido una agenda que busca eliminar las preferencias raciales y de género en el ámbito militar, enfatizando el compromiso con la meritocracia y la cohesión de las unidades.
En un momento en que las iniciativas DEI han sido objeto de controversia, el mandatario argumenta que estas han socavado el liderazgo y el rendimiento operativo de las fuerzas armadas. La orden ejecutiva aboga por un sistema libre de cualquier tipo de discriminación, ya sea por raza, sexo, etnicidad, color o credo, asegurando que todos los miembros de las fuerzas armadas sean tratados equitativamente.
Entre los puntos clave del decreto se encuentra la unificación de las directrices de contratación, que se llevarán a cabo sin prejuicios relacionados con el género o la raza. Además, se insta a las agencias de defensa a abolir todos los departamentos o programas relacionados con DEI que, según el presidente, fomentan un sistema de preferencia basado en características personales no relacionadas con el mérito.
La orden también ordena una revisión interna del Departamento de Defensa para documentar las acciones tomadas en relación con iniciativas DEI, con la intención de identificar casos de discriminación y políticas que promuevan preferencias según criterios de raza o género. Un reporte detallado deberá ser entregado en un plazo de 90 días.
Asimismo, el decreto prohíbe la promoción de teorías que el presidente considera divisivas, radiales o extremistas, definiendo específicamente qué constituye «conceptos divisivos» y «ideología de género.» La administración prohíbe la contratación de personal que imparta estas enseñanzas en academias militares, subrayando su visión de que los principios fundacionales de Estados Unidos son pilares de justicia y equidad.
La implementación de esta orden pone de relieve la gestión vertical de la defensa y la seguridad nacional, resaltando la necesidad de una respuesta coordinada del Secretario de Defensa y del Secretario de Seguridad Nacional. Tendrán 30 días para producir una guía detallada sobre cómo se aplicarán estas políticas en sus respectivos departamentos.
Con esta medida, la administración busca restaurar lo que considera la fortaleza de las Fuerzas Armadas estadounidense, a la vez que plantea un debate sobre cómo la diversidad en el contexto militar debe ser gestionada y qué significado tiene para la cohesión y la efectividad de las tropas en un entorno cambiante y políticamente polarizado.
Fuente: WhiteHouse.gov
