El Gobierno español ha tomado una medida significativa para fomentar el crecimiento económico en diversas regiones del país. Mediante un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y una Orden del Ministerio de Hacienda, se han otorgado incentivos regionales a 102 proyectos extendidos en diez Comunidades Autónomas. Las ayudas distribuidas beneficiarán a Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Canarias, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana.
Estos incentivos alcanzan una suma total de 261.269.202,72 euros e impulsarán una inversión de 1.385.317.364 euros. Con este considerable respaldo financiero, los proyectos podrán no solo mantener 12.486 empleos existentes sino también generar 2.502 nuevos puestos de trabajo, contribuyendo de esta manera a la vitalidad económica regional.
Castilla-La Mancha, una de las comunidades beneficiadas, verá la implementación de 12 proyectos gracias a una ayuda de 31.448.065,25 euros. Estos proyectos, que alcanzan una inversión de 153.052.033 euros, propiciarán la creación de 536 nuevos empleos y la preservación de 2.102 puestos de trabajo ya existentes. Entre ellos, destacan iniciativas de grandes empresas como Laboratorios Liconsa S.A., que recibirá más de 8,5 millones de euros; Puy de Fou, beneficiado con más de 9 millones; y Joma Sport, con más de 4,7 millones de euros. Otros proyectos menores, subvencionados vía Orden Ministerial al no superar los 15 millones de euros por empresa, incluyen a Ibergum S.A., Biobab R&D, Valquer Laboratorios y otros más.
Este impulso económico no es algo aislado, ya que sólo en la comunidad de Castilla-La Mancha, en el presente año se han autorizado incentivos regionales para 25 proyectos, los cuales han representado una inversión de 254,2 millones de euros. Además, han recibido 53,3 millones de euros en subvenciones, solidificando así 764 nuevos empleos y manteniendo 3.240 más.
Estas subvenciones tienen como finalidad primordial equilibrar económicamente las distintas zonas del país y potenciar un desarrollo económico que sea inclusivo y sostenible. Mediante la promoción de proyectos productivos, tecnológicamente avanzados y respetuosos del medio ambiente, se busca dinamizar la actividad económica en las comunidades con menor nivel de desarrollo. Esta estrategia es clave para reducir las desigualdades en términos de renta per cápita, tanto a nivel nacional como en el más amplio contexto de la Unión Europea.
