Tras un ataque mortal en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, que dejó un saldo de al menos 144 personas fallecidas y más de 551 heridos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado una revaluación de la política migratoria del país. Este ataque, reivindicado por el Estado Islámico, ha llevado a una serie de detenciones, principalmente de ciudadanos tayikos, evidenciando para Putin la urgencia de revisar las políticas migratorias para evitar la concesión de permisos de trabajo a individuos con historiales criminales significativos. En un ambiente marcado por el intento de sembrar discordia y xenofobia, Putin señaló la importancia de esta revisión durante un encuentro con jefes de policía.
Además, Putin ha indicado la necesidad de que Rusia ajuste sus sistemas de migración con el objetivo de prevenir la entrada de individuos que no compartan el respeto por las tradiciones, el idioma, y la cultura del país. Esta declaración marca la pauta para una política migratoria más rigurosa, enfocándose en la integración cultural de los migrantes. Sin embargo, la implementación de estas medidas enfrenta desafíos considerables dada la dependencia económica de Rusia de la mano de obra migrante, la cual desempeña roles fundamentales en diversos sectores de la economía nacional.
Putin subrayó la importancia de encontrar un equilibrio entre los intereses y la seguridad del estado y de la sociedad, manteniendo la cohesión en una nación caracterizada por su diversidad étnica y religiosa. Con un enfoque en preservar la identidad cultural y lingüística del país, el reto para Rusia radica en gestionar las políticas migratorias de manera que contribuyan al desarrollo social y económico sin comprometer la seguridad o la integridad cultural. La situación actual ha llevado a un incremento en la salida de tayikos del país y a redadas policiales contra migrantes no registrados, reflejando un endurecimiento inmediato de las políticas migratorias ante estos desafíos combinados de seguridad y demografía.
