El expresident alega que el juez continuó investigando la trama rusa del procés pese a una orden de la Audiencia de Barcelona
El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentado una demanda por prevaricación y malversación contra el juez Joaquín Aguirre de Barcelona. Puigdemont argumenta que el magistrado continuó con la investigación de la trama rusa del procés, a pesar de una orden de la Audiencia de Barcelona que le impedía hacerlo.
La demanda de Puigdemont se centra en dos delitos: prevaricación judicial, que puede ser castigada con inhabilitación de hasta veinte años y prisión de hasta seis años, y malversación de fondos públicos, también con penas de hasta seis años de cárcel. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) deberá decidir si admite a trámite el caso e investiga al magistrado, previa consulta a la Fiscalía.
Argumentos de la defensa y evidencias de prevaricación
La defensa de Puigdemont sostiene que la resolución del juez Aguirre, emitida el pasado viernes, cumple con los requisitos de prevaricación judicial: una resolución dictada por un juez, que sea “injusta” y que el juez sea consciente de dicha injusticia. La defensa subraya que Aguirre dejó rastros de su delito en su última resolución, lo que indica que actuó de manera consciente.
En su resolución, Aguirre admitió que continuar investigando la trama rusa era una “solución alternativa a las objeciones” de la Audiencia de Barcelona, argumentando razones de “equidad y justicia” y la “importancia histórica para la Unión Europea”. Aguirre también reconoció que la orden de la Audiencia abocaba al sobreseimiento de la injerencia rusa por falta de instrucción suficiente.
La “solución alternativa” y la creación de una nueva pieza separada
Para eludir la orden de la Audiencia, Aguirre abrió una nueva pieza separada basada en otra distinta a la que le habían prohibido investigar, con el objetivo de seguir investigando los mismos hechos. Puigdemont considera evidente que el juez exteriorizó su ánimo de prevaricar y de incumplir lo ordenado por la Audiencia de Barcelona, con el objetivo de salvar un procedimiento condenado al sobreseimiento.
El expresident ha presentado la demanda junto a su abogado, Gonzalo Boye, y el director de su oficina, Josep Lluís Alay, los tres imputados por Aguirre en la trama rusa. Puigdemont destaca que los audios en los que el magistrado presume de haber frenado la amnistía y de poder tumbar al Gobierno evidencian el “interés personal” del juez en el caso.
