Este viernes se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) una ley que modifica la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Estas modificaciones contemplan «mejoras» en la aplicación del canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua, conocido como canon DMA. Entre las principales novedades destaca la transferencia del 25% de la recaudación de este canon a los ayuntamientos para la mejora de sus infraestructuras del ciclo integral del agua, así como la introducción de un sistema de tarificación progresiva.
La ley establece este nuevo tributo, que tiene la naturaleza de impuesto y una finalidad extrafiscal, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental que conlleva la utilización del agua. Además, busca implementar mecanismos de incentivos para promover el ahorro de agua entre la ciudadanía, especialmente en un contexto marcado por prolongados ciclos de sequía.
La creación de este canon responde a la necesidad de cumplir con las exigencias medioambientales establecidas en la normativa nacional y europea, especialmente en lo que respecta a las Directivas sobre aguas residuales urbanas y la Directiva Marco del Agua. La anterior ley de 2022 establece que el canon medioambiental es un mecanismo para garantizar la suficiencia financiera y permitir la adecuación de infraestructuras hidráulicas que mejoren el sistema de abastecimiento y depuración del agua.
Con la levante de la suspensión de la aplicación de este canon, se han incorporado mejoras, como la imposición de una tarificación progresiva que favorece a los hogares. De esta forma, los primeros 10.000 litros de consumo mensual por vivienda estarán exentos de tributo, beneficiando a la mayoría de las familias en la región. Esta medida también se extiende a usos colectivos como residencias y otros establecimientos.
La ley mantiene las deducciones para familias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género y personas en riesgo de exclusión social. Asimismo, se implementan bonificaciones en cuotas para municipios con menos de 5.000 habitantes, una acción que busca combatir el despoblamiento rural.
En resumen, las modificaciones a la Ley 2/2022 introducen una serie de cambios que simplifican la normativa y buscan garantizar la justicia social, la progresividad de las tarifas y el incentivo al ahorro de agua, en una época en la que este recurso se encuentra en una situación crítica. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el DOCM.
